ESCUCHAREl “afianzar la justicia”, como uno de los paradigmas que se propone en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, se concreta en la realidad mediante la intervención del Poder Judicial a los efectos de resolver los conflictos de los ciudadanos que son sometidos a la jurisdicción. Y ello es posible, efectivo y eficaz cuando la respuesta es rápida, eficiente, objetiva y fundada en la ley.
Para ello es necesario un diseño de conformación del Poder Judicial que acompañe la realidad y posibilite esa finalidad que se fijó el constituyente, lo que no se logra, sin dudarlo, cercenando tribunales.
Ello viene a cuenta porque desde el mes de diciembre del año próximo pasado, la totalidad de los vocales de las cámaras del Crimen de esta ciudad nos encontramos en permanente comunicación, además de reuniones que mantenemos intercambiando opiniones y reflexiones, en las que denotamos una creciente preocupación ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre definitivo de los juzgados correccionales de esta sede judicial.
De los seis tribunales con esta competencia que funcionaban en esta ciudad de Córdoba solamente quedaron tres operativos, porque el presupuesto de los restantes fue redireccionado a los tribunales de Ejecución Penal. Sin embargo, en la práctica solamente se encuentra uno en vigencia por el acogimiento a la jubilación y ascenso a una cámara de los otros dos titulares, lo que ha causado que el único en función se encuentre desbordado en su capacidad de atención de los casos que son sometidos a su jurisdicción.
Aumento de la demanda
Las cuestiones y hechos que son tratados en esos juzgados son, precisamente, los que, desde hace bastante tiempo atrás, vienen en un evidente e inocultable ascenso, causando alarmante cifras de víctimas. Nos referimos a los accidentes automovilísticos o producidos con motivo de las imprudencias viales (delitos culposos), de violencia familiar (lesiones leves, amenazas, etcétera), problemas de vecindad, los cuales, ante la falta de una respuesta inmediata de solución, se constituyen en lo que ha pasado a tipificarse como violencia urbana.
La responsabilidad asumida por el Estado nacional al suscribir los tratados internacionales, con rango constitucional, por ejemplo la ¨Convención de Belém do Parᨠ(convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), impone la obligación de disponer de todos los medios para atender adecuadamente a esta problemática, cada vez más frecuente.
Los delitos culposos, por otro lado, tienen la especificidad propia que le imprimen la naturaleza de los hechos, responsabilidades compartidas, acciones civiles, etcétera, juicios que llevan prolongadas jornadas de debates que a veces se traducen en meses de audiencias.
La otra realidad que no puede ser soslayada en este contexto es el crecimiento poblacional y la amplitud jurisdiccional que comprende la Primera Circunscripción, que abarca las ciudades de Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo, Jesús María y Córdoba capital, con 1.700.000 habitantes, aproximadamente, y la falta de adecuación, en la misma medida, de una planificación sostenida en la creación de nuevos tribunales.
Desde el año 1998 no se crean cámaras del crimen en esta ciudad lo que, comparado con el aumento poblacional, índices delictivos, complejidad y gravedad de las causas -entre otros estándares-, son suficientes para reflejar el desajuste entre las distintas realidades.
A esto último debe sumarse la nueva ley de atracción de competencia a las jurisdicciones locales del fuero del narcotráfico en su modalidad de comercialización al menudeo o simple tenencia, implementada mediante la ley de ¨desfederalización¨ Nº 10067 del año 2012, lo que ha resultado en que 90% de las causas que eran tratadas en la Justicia federal fueran transferidas a los tribunales provinciales, lo que ha significado en este período el aumento sustancial del ingreso de causas, con las consecuencias que ya anticipábamos en una nota publicada en su oportunidad, por este mismo periódico.
Inevitable colapso
La nueva decisión de abolir los juzgados Correccionales en esta Capital y el consiguiente aumento de competencias a las cámaras del Crimen, en temas tan sensibles a la sociedad, anticipan un inevitable colapso y desborde en las posibilidades de dar una respuesta inmediata en cada caso; de allí el interrogante que plantea el título de este artículo en contraposición del slogan –Estamos más cerca- que ilustran los autos oficiales del Poder Judicial.
Por estos motivos, no creemos, desde los operadores judiciales, que cerrando tribunales estemos en el camino correcto a la hora de afianzar la justicia y hacer eficiente la prestación del servicio a la comunidad.
*Vocal de la Cámara Primera del Crimen. Ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
