ESCUCHARTras ponderar que los médicos del niño -discapacitado visual y autista- dictaminaron que requiere un tratamiento “multidisciplinario y en equipo”, la jueza Claudia Zalazar (51ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba) hizo lugar a la acción de amparo planteada por sus padres y ordenó a la Apross que adelante las sumas necesarias para hacer frente a los gastos de salud del menor, cubriendo en forma “integral” el tratamiento indicado en el Centro de Neurología Infanto Juvenil Zenon Sfaello (Cetes), pese a que no todos los facultativos de esa institución son prestadores de esa obra social.
El fallo remarcó que “la protección y la asistencia universal de la infancia discapacitada constituye una política pública, en tanto consagra ese mejor interés, cuya tutela encarece -elevándolo al rango de principio- la Convención sobre los Derechos del Niño”.
El pronunciamiento tuvo en cuenta que “los profesionales tratantes le recomendaron la necesidad de someterlo a un abordaje terapeútico integral permanente para tratar su autismo, que se ve agravado con la ceguera”.
Responsabilidad
Se recordó que “en cuanto a la responsabilidad en materia de financiación de las prestaciones del Sistema Único, la Ley 24901 establece en su artículo 2º que las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas, y en su artículo 3º, que el Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que aquéllas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, las prestaciones previstas en la ley”.
“Por otra parte y en mi carácter de madre, no puedo dejar de valorar lo que significa para un padre el tener un hijo discapacitado, las angustias que ello apareja, el tiempo que debe insumir la atención del menor y ese constante afán de realizar todo lo necesario y que se encuentre al alcance de ellos para obtener, por lo menos en este caso, ante la gravedad y lo irreversible de la enfermedad, la mejor calidad de vida para ese menor”, expuso la magistrada.
La jueza Zalazar dispuso que el tratamiento continúe en el Cetes, pese a que sólo 3 de los 6 terapeutas que lo atienden están adheridos a Apross, al considerar que “se encuentra sobradamente demostrado que el tratamento integral que se está efectuando en el Cetes a J. lo está ayudando considerablemente a superar su autismo”.
