ESCUCHARArgumentó que las nuevas fiscalías no están supeditadas a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal y que los nombramientos cumplen los requisitos de las subrogancias.
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apeló ayer la medida precautelar dictada por el juez federal en lo Contencioso-administrativo Enrique Lavié Pico, quien suspendió las resoluciones por las que se designa a 16 fiscales subrogantes en fiscalías creadas por la ley 27036, que sancionó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
La apelación -que deberá ser resuelta ahora por la Cámara de ese fuero- intenta demostrar que la creación de las nuevas fiscalías no están supeditadas a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal.
“El texto legal no establece ninguna clase de condicionamientos, sino que expresamente aclara que es necesario un fortalecimiento inmediato y básico de las fiscalías y defensorías para atender a las necesidades actuales existentes en materia penal”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal en la presentación.
El escrito recordó que el Mensaje de Elevación al Congreso del proyecto de ley precisó que “frente a un futuro nuevo escenario con mayores responsabilidades funcionales, es preciso dotar al Ministerio Público de herramientas que en lo inmediato adecuen su capacidad de trabajo a los nuevos compromisos, más allá de las inexorables acciones de implementación que demandará la instauración del nuevo régimen procesal”.
En ese sentido, la presentación subraya que “la posibilidad de dejar las fiscalías ya creadas sin ponerlas en funcionamiento al no asignarse un fiscal a cargo hubiera significado incumplir una manda legal, sobre todo cuando la escasez de fiscalías va en directo perjuicio al esclarecimiento de los casos y la lucha contra la impunidad que corresponde a los fiscales como los titulares de la acción penal”.
En el mismo sentido, el escrito señala que “si el juez hubiera escuchado previamente a esta parte o, al menos, se hubiera interiorizado de los alcances del texto normativo y sus debates parlamentarios habría advertido que el Congreso de la Nación tomó la decisión de comenzar a dotar “de inmediato” al Ministerio Público –no sólo al fiscal, sino al Ministerio Público de la Defensa– de los recursos y herramientas necesarias para estar en condiciones de comenzar el proceso de transición hacia un nuevo sistema procesal”.
La Procuración también destacó que las designaciones realizadas cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios de las subrogancias. Al mismo tiempo, la apelación refiere “la vasta trayectoria” de cada uno de los 16 fiscales y subrayó que “el supuesto perjuicio alegado por los peticionantes implica un verdadero agravio para los magistrados designados y para los postulantes que se inscriban a los concursos ya convocados”.
