ESCUCHAREl planteo se centra en la investigación de asesinatos de miembros de la Juventud Peronista, previos al golpe de 1976, que, supuestamente, involucran a miembros integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
El fiscal Eduardo Taiano impulsó una denuncia del abogado marplatense Andrés Barbieri, quien expuso que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lleva adelante una política de hostigamiento tendiente a disciplinar fiscales.
El planteo quedó radicado en juzgado a cargo de Sergio Torres y se centra en el caso del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, quien intervino en un caso en el que se investigan hechos de violencia previos al golpe de 1976, ocurridos en esa ciudad balnearia, los cuales, supuestamente, involucran a miembros miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), un grupo de la derecha peronista.
A los procesados se les enrostra haber asesinado a militantes de la Juventud Peronista, el ala izquierda de esa fuerza.
A su turno, Pettigiani dictaminó que aquellos hechos no constituían crímenes de lesa humanidad y que, por lo tanto, estaban prescriptos.
Barbieri, abogado de Roberto Coronel, uno de los procesados, perteneciente al sindicato de
Camioneros en Mar del Plata, denunció que por ese dictamen se inició una persecución contra el funcionario.
En su denuncia, el letrado alegó que Pettigiani, hijo del juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires Eduardo Julio Pettigiani, no interviene en los casos de lesa humanidad luego de haber sido recusado por organismos de derechos humanos.
Por su parte, el fiscal reveló que la Procuración General instruyó un sumario disciplinario en su contra y que fue sancionado.
Según el letrado, la Procuración General instauró un “perverso mecanismo tendiente a perseguir y disciplinar fiscales”, vulnerando la independencia funcional de los representantes del Ministerio Público.
Barbieri se presentó ante Torres y ratificó la denuncia. Luego, Taiano se pronunció a favor de abrir la investigación por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato por parte de la jefa de los fiscales.
