ESCUCHARLa reforma del Código Procesal Penal de la Nación prevé la creación de dependencias administrativas para que los magistrados se ocupen exclusivamente de la cuestión jurisdiccional.
La Red Argentina de Oficinas Judiciales (Raojud), una trama de trabajo que nuclea a directores e integrantes de oficinas judiciales de todo el país con nuevos sistemas de justicia penal, emitió recientemente un comunicado manifestando su apoyo al intento de modificación del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), que prevé la puesta en marcha de estas dependencias en el ámbito federal.
Lo que parece una novedad es una realidad que en Chubut se concretó por el año 2006 con muy buenos resultados para el Poder Judicial de esa provincia, que logró dar mayor eficiencia a sus recursos humanos y materiales, a la vez que acelerar los procesos penales.
Actualmente son varias las provincias argentinas que ya tienen oficinas judiciales (Chubut, La Pampa, Neuquén, Santa Fé, Ciudad de Buenos Aires) que se encargan de toda la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Algunas dependen del Consejo de la Magistratura, otras de los tribunales superiores local.
El objetivo de su creación es simple: que los jueces dejen de ocuparse de cuestiones administrativas para encargarse exclusivamente de brindar el servicio de justicia.
Según subrayó alguna vez el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, hoy 60% del trabajo de los magistrados está puesto en realizar tareas del tipo operativas.
“Nuestra oficina permitió que los jueces dejaran de firmar cheques para arreglar algún vidrio, para en lugar de ello dedicarse a tomar audiencias y firmar resoluciones”, remarcó Rodolfo Barroso Griffiths, director de la Oficina Judicial de Esquel, en diálogo exclusivo con Comercio y Justicia.
Barroso Griffiths es uno de los 34 trabajadores que tiene la oficina que él dirige. La tarea que realizan es variada: se ocupan de gestionar el calendario de audiencias, dirigir el personal administrativo, ejecutar el presupuesto, hacer la custodia de los elementos secuestrados y gestionar la comunicación institucional, entre otras funciones.
¿Hubo reacciones en contra de la puesta en marcha de las oficinas judiciales?
Sí, claro. Muchos jueces lo ven como una pérdida de poder, dejan de tener empleados a cargo y eso a muchos nos les gusta. También hubo quienes estuvieron en contra de la reforma que se implementó. Hay que tener en cuenta que la reforma del CPPN viene a sincerar las cosas.
¿Cuáles son los principales beneficios que le trajo la oficina que dirige al Poder Judicial de Esquel?
En general, todas las oficinas judiciales sirven para resolver de modo eficiente las cuestiones administrativas que todo sistema basado en audiencias orales, públicas y contradictorias presenta, desde la agenda de la audiencia y la comunicación a las partes hasta el seguimiento de las decisiones jurisdiccionales. Las oficinas judiciales concentran la recepción, conocimiento y gestión administrativa sobre la totalidad de pedidos de decisión que se hacen a los jueces en el marco de un proceso judicial. Se evita así la fragmentación burocrática en múltiples juzgados y se logra un uso más eficiente de los recursos, y criterios uniformes de trabajo.
¿Qué perfil de profesionales se busca para integrar estas oficinas?
En nuestro caso se prefieren licenciados en administración e ingenieros porque están muy formados en procesos de trabajo; también pueden ser abogados -siempre y cuando tengan formación en gestión pública-.
¿Cómo tomaron los jueces la incorporación al Poder Judicial de empleados que no eran abogados?
En general no les gusta, pero luego lo entienden.
En caso de aprobarse la reforma del CPPN ¿cómo será la estructura de las oficinas? ¿De quiénes dependerá?
Eso será motivo de reglamentación. Hay varios modelos: el chileno y el patagónico. Nosotros dependemos del Tribunal Superior de Justicia. En el caso del modelo chileno, hay un colegio de jueces y una vez al año alguno de los magistrados se reúne con la oficina para planificar el año.
