Ahora apunta a las firmas General Electric, Maltería Pampa y Monteverde. Se mencionan maniobras para evadir impuestos, como subfacturación en exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Piden conformar una comisión bicameral contra el “terrorismo económico”.
El Gobierno denunció a las empresas General Electric, Maltería Pampa y Monteverde por supuesto fraude fiscal, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguró que ya comenzó a investigarlas.
De ese modo, continuarán las políticas para endurecer los controles, y en este caso se pondría especial atención en General Electric, que opera en el sector energético; en Maltería Pampa, que produce cervezas; y en Monteverde, que opera en el segmento farmacéutico. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, subrayó en su informe bimestral ante la Cámara de Diputados que para el Gobierno es “muy importante” poder “investigar maniobras para evadir”.
Señaló que General Electric ya recibió una intimación por tener mercadería retenida en Aduana, cuya documentación es evaluada, al tiempo que indicó que hubo una posible “maniobra” por “sobrefacturación de importaciones para aumentar precios”.
El funcionario subrayó que a Monteverde se le descubrió una transacción con Perú, que representa una suma de 16 millones de dólares desfavorable para Argentina porque “exporta a un tercio de lo que vale el producto”.
En tanto, respecto de Pampa, sostuvo que llevó a cabo “subfacturación en las exportaciones, lo que provoca menor ingreso de dólares al país”.
La AFIP destacó mediante un comunicado que esas presuntas maniobras fraudulentas se están “investigando en sede administrativa, intercambiando información con administraciones tributarias y aduaneras de otros países”.
Y subrayó: “Una vez concluida la tarea profesional de investigación por parte de los técnicos de la AFIP y en la medida en que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública, como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble”.
P&G sin regularizar
Durante el domingo último se conoció que se le había suspendido la CUIT a la multinacional Procter & Gamble (P&G) por presunto fraude fiscal relacionado con operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas mediante una filial radicada en Suiza, por 138 millones de dólares.
La situación de la empresa aún no se regularizó debido a que la AFIP y el mayor fabricante mundial de artículos para el hogar todavía no llegaron a un acuerdo, mientras Echegaray advirtió de que la compañía deberá “devolver al Banco Central los dólares que se llevó ilegalmente del país”.
Sobre el tema, el propio Capitanich reiteró su pedido al Congreso para crear una comisión bicameral que “estudie la acción especulativa de grupos económicos que ejercen el terrorismo económico”. Además, aseguró que mediante un convenio con Suiza para intercambiar información fiscal “se han detectado 4.000 cuentas (bancarias de personas físicas o jurídicas residentes en Argentina), de las cuales luego de una evaluación solo 123 son declaradas”.
Conflicto con los fondos buitres
Piden a EEUU “una actitud menos dubitativa”
Jorge Capitanich acusó a Estados Unidos de tener una “posición dubitativa” ante el conflicto judicial de Argentina por la deuda en default. Consideró que “el accionar de los fondos buitre merece una condena de todos los líderes políticos de todos los gobiernos”.
“No me cabe la menor duda de que esta falta de consideración, en todo caso, de la administración de Estados Unidos tiene que ver con su posición dubitativa respecto a esta cuestión”, enfatizó, para luego considerar que “el accionar de los fondos buitre merece una condena de todos los líderes políticos y gobiernos, porque implica una distorsión en el funcionamiento del sistema económico, y promueve lo que Estados Unidos convalida, la mayor y más perversa concentración del ingreso en el mundo”.
Estas practicas son conocidas por todos los que hemos trabajado en grandes y medianas empresas. Son los mismos que se rasgan las vestiduras sobre la “falta de seguridad jurídica”, “reglas claras de juego” y demas