ESCUCHARProcuradores de diferentes provincias expusieron en la Cámara Alta. Ponderaron el sistema acusatorio y pidieron cambios en el Ministerio Público. Alak aclaró que la reforma no se hará a “libro cerrado”.
En comisiones, el oficialismo continuó ayer debatiendo la reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que, de no mediar inconvenientes, podrá ser tratado en el Senado a mediados de noviembre.
La reunión comenzó pasado el mediodía en el Salón Azul y fue continuación de la que se inició el martes pasado, cuando expusieron el ministro y el secretario de Justicia de la Nación, Julio Alak y Julián Alvarez, respectivamente.
Antes del comienzo del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto, el ministro destacó a la prensa que “no existe nada a libro cerrado”, dejando así abierta la posibilidad de que se introduzcan algunos cambios al proyecto original (ver aparte).
En líneas generales, los procuradores y fiscales de las provincias que expusieron ayer, que ya cuentan con el sistema acusatorio en sus provincias, coincidieron en apoyar la reforma del CPPN.
María del Carmen Falbo, procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, calificó como “revolucionario” el cambio en la normativa. “Lo que se va a hacer es salir del sistema inquisitivo no democrático hacia un sistema democrático para que cada parte del proceso judicial tenga un rol preponderante”, explicó la funcionaria.
Falbo también subrayó la necesidad de que se produzca “un cambio cultural” de parte de quienes serán “los operadores” del nuevo sistema judicial y puso de relieve el hecho de que las querellas tendrán más participación para “acompañar la tarea de los fiscales”. “Yo celebro profundamente este cambio. No hay otro sistema democrático que el sistema acusatorio”, dijo.
Mas allá de todo, sostuvo que habrá detalles del proyecto que “habrá que retocar, sin ninguna duda”, y puso como ejemplo artículos que estima “no acertados”, como el que hace mención a “la libertad de declarar”. En ese aspecto, cuestionó los plazos para las prisiones preventivas, propuestas en 72 horas, y declaró al respecto que “los plazos deben ser ágiles pero con la prudencia necesaria” porque “hay casos que no se pueden resolver en 72 horas”.
En la audiencia de ayer también expuso Eduardo Quattropani, fiscal de San Juan y presidente del Consejo Federal de Fiscales y Procuradores, quien declaró que “la gran mentira de la Justicia argentina es que los jueces investigan. Investiga la policía y esta reforma significa poner la Justicia cerca de la gente. Es la gran deuda de la Nación”. Y destacó: “Festejamos y adherimos cambiar el paradigma investigativo porque es la única manera de que la justicia tenga posibilidad de triunfar contra el delito”.
Jorge Miquelarena, procurador General de Chubut, comentó que “antes el fiscal era un mero controlador de la legalidad” y “ahora se ha convertido en un actor social que tiene muchísimas más tareas fuera que dentro de la sala de audiencias”.
Por su parte, el fiscal General de Neuquén, José Ignacio Gerez, ponderó el proyecto al señalar que “sirve para hacer una sociedad más justa y segura” y que “acerca la Justicia a la gente”.
No obstante, algunos pidieron acompañar la reforma con modificaciones a la Ley del Ministerio Público, tal como reclamaron algunos sectores de la oposición para garantizar la independencia de los fiscales.
