ESCUCHARAcusa a la principal potencia del mundo de haber violado “su obligación internacional de respetar la soberanía”. Para que la causa se sustancie en ese tribunal, el demandado deberá aceptar la jurisdicción.
El Gobierno nacional presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, una demanda contra Estados Unidos por “la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía” de Argentina por la justicia de ese país, lo que genera inconvenientes en el proceso de reestructuración de deuda.
La apelación a esta nueva instancia judicial ya había sido advertida por Argentina a fines de junio pasado, en medio de su litigio con los fondos buitres, a partir del fallo de la Justicia estadounidense que obliga al país a abonar el total de los bonos soberanos argentinos no reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.
La CIJ informó en La Haya -mediante un comunicado- que el recurso presentado por Argentina fue transmitido al gobierno de Washington, pero aclaró que “no se tomará ninguna acción en el procedimiento hasta que los Estados Unidos de América den su consentimiento a la jurisdicción de la Corte en este caso”.
El Gobierno, por su parte, precisó que la denuncia presentada acusa a Estados Unidos de no respetar las “inmunidades soberanas” argentinas y “su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”.
Destacó el texto: “La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”.
Controversia generada
Según consideró Argentina, “dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos”, que el Gobierno nacional “somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución”. De esta manera, destacó que se le brinda “a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad al derecho y a la justicia”. El Gobierno sostuvo que en el caso de que Washington no acepte la competencia de la CIJ, entenderá que “ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo” de conformidad con las disposiciones de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del derecho internacional general.
Las autoridades nacionales ya habían anticipado, el 26 de junio pasado, que evaluaban la posibilidad de llevar adelante “eventuales acciones judiciales ante foros internacionales como el Tribunal de La Haya y la justicia ordinaria local, el mismo día en que concretaba el depósito de los casi 1.000 millones de dólares para el pago a bonistas reestructurados, de los cuales 539 millones de dólares continúan bloqueados en la cuenta del Bank of New York (BONY) por decisión del juez Thomas Griesa.
En esa oportunidad, el comunicado del Ministerio de Economía advertía “respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa respecto a eventuales acciones judiciales”.
Convocatoria a audiencia
La presentación ante La Haya se conoció en la misma jornada en que el país publicó un aviso legal en los principales diarios internacionales, con precisiones para los tenedores de deuda que ingresaron a los canjes.
A raíz de la publicación, Griesa convocó a una nueva audiencia pública para hoy a las 15 (16 en Argentina), en relación con el litigio que el país mantiene con los fondos buitres.
La nota sostiene que su objetivo es recordar a los Tenedores de Deuda Argentina adherentes a los Canjes de Deuda Soberana “los derechos y remedios legales que los asisten; en virtud de que los fondos oportunamente depositados en la cuenta del Agente Fiduciario en el Banco Central de la República Argentina son patrimonio de su propiedad exclusiva”.
El texto reitera que se “ha realizado en tiempo y forma el pago de los importes correspondientes al vencimiento de intereses de los Nuevos Títulos emitidos en el marco de los Canjes 2005- 2010” y, “en consecuencia, no ha habido un Evento de Incumplimiento bajo los términos del Trust Indenture o de los Bonos Reestructurados”.
The Guardian y una sugerencia de solución
El diario inglés The Guardian publicó un artículo en el cual le “recomienda” al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cómo terminar con la crisis por la deuda posterior al fallo del juez neoyorquino. El artículo sostiene que Obama sólo tiene que informar al magistrado Thomas Griesa que el fondo buitre de Paul Singer está “interfiriendo con la autoridad del mandatario para dirigir la política exterior”.
El artículo, titulado “Cómo Barack Obama podría terminar con la crisis de deuda en Argentina”, sostiene que el mandatario podría “evitar que Paul Singer le quite a la Argentina un solo centavo invocando un poder de larga data concedido a los presidentes estadounidenses”. Ese poder, según el artículo, es la cláusula “Separación de Poderes” establecida en la Constitución de ese país. La nota sostiene que en virtud del principio conocido como “cortesía”, Obama sólo necesita informar a Griesa que la figura de Paul Singer “interfiere con la autoridad exclusiva del presidente para dirigir la política exterior”.
Así “el caso estaría cerrado”, señala la columna firmada por Greg Palast. Recuerda que el presidente George W. Bush usó este poder contra el mismo fondo que lidera Singer cuando bloqueó la incautación de bienes de Congo en Estados Unidos.
