La cifra fue cuantificada por la legisladora del Frente Cívico Nancy Lizzul quien, con aval de otros bloques, presentó el Proyecto de Fortalecimiento Industrial que declara la emergencia en el sector por baja actividad. Habilita exenciones y otras prerrogativas. El costo fiscal sería de $9 millones mensuales. El Ejecutivo enviaría un proyecto similar aunque ayer De la Sota aclaró que no dispondrá la emergencia.
La caída en el nivel de actividad en el sector industrial de Córdoba puso en “riesgo laboral” a seis mil trabajadores sólo en el sector de pymes fabriles.
El impacto fue cuantificado por la legisladora del Frente Cívico (FC) Nancy Lizzul, quien ayer presentó un proyecto de Ley de Fortalecimiento Industrial con el aval de su partido, el radicalismo, el socialismo y los legiladores Pretto, García Elorrio y Muñoz, de Unión por Córdoba -aunque afín al kirchnerismo-
El proyecto busca declarar la emergencia por 180 días para las pymes industriales, decisión que, según la iniciativa, habilita una serie de beneficios impositivos, crediticios y procesales similar al que rige cuando se activa la emergencia agropecuaria.
“Es una herramienta necesaria para afrontar la coyuntura que atraviesan cientos de pymes industriales”, resumió Lizzul a Comercio y Justicia.
La legisladora recordó que el borrador del proyecto ya fue informado al oficialismo e incluso al ministro de Industria y Comercio, Martín Llaryora. En ese marco, aseguró que la Provincia le anticipó que se trabaja en un proyecto similar que ingresará en breve a la Unicameral, que luego debería compatibilizarse en comisión con el de su autoría.
Con todo, el gobernador José Manuel de la Sota le dijo ayer a este medio que no estaba en estudio la declaración de la emergencia industrial.
Como fuere, la Provincia admite el impacto de la caída en el nivel de actividad en diferentes sectores.
Respecto de la situación en las pymes industriales, Lizzul recordó que el sector cuenta con 50.291 trabajadores en toda la provincia, datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA. En ese marco, indicó que en abril de 2014, 37% de las empresas metalúrgicas de Córdoba empleaba una menor cantidad de trabajadores y 15% de las empresas se perjudicó bastante o mucho por la menor demanda de Brasil, datos del Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba (CIMCC/Economic Trends).
“Ponderando, 20% de la masa salarial del sector metalúrgico sufre problemas. Si la industria metalúrgica representa cerca de 40% del empleo industrial total, y en el resto de la industria el porcentaje de empresas con reducción de más del 10% de la producción es del 7%, podemos estimar que el porcentaje total de industrias en emergencia sería 12%, con lo cual el números de operarios que cobrarían los beneficios serían 6.034”, resumió.
“Esa cifra multiplicada por el promedio de subsidios que prevé la norma ($1.500 per cápita), arrojaría un costo fiscal de $9,05 millones al mes”, señaló.
Emergencia y subsidios
El proyecto de Fortalecimiento Industrial que ingresó ayer a la Legislatura apunta a morigerar el impacto de la crisis en un sector clave.
La Provincia recordó que la mayoría de las pymes está exenta de Ingresos Brutos por su nivel de facturación. En tanto, ayer, el titular de la UIC, Ércole Felippa, planteó la posibilidad de subir el piso imponible de facturación para el pago del tributo o acceder a la rebaja del impuesto, esto en función del alza de precios posterior a la devaluación.
En cuanto al proyecto (ver edición digital), propone la creación de un Observatorio Provincial de la Actividad Industrial, entidad multisectorial para arbitrar medidas.
Paralelamente, define dos casos de emergencia: el nivel 1 cuando la facturación de una pyme caiga 20% o más en un semestre respecto al año anterior (corregida por inflación oficial); y nivel 2 cuando la caída sea de 10%. Las afectadas tendrán diferentes grados de subsidios al empleo, exenciones tributarias, créditos y suspensiones de plazos procesales en ejecuciones fiscales.