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Tras la muerte por manos policiales de Alberto Fernando “Were” Pellico, la Asociación Pensamiento Penal Córdoba manifestó su preocupación por la situación en materia de seguridad en la provincia, con especial relación a las fuerzas de seguridad.
A Pellico lo asesinaron el sábado por la madrugada cuando viajaba en motocicleta junto con su primo Maximiliano Peralta, en barrio Los Bulevares. Un móvil policial abrió fuego contra los jóvenes, mató a Alberto Fernando “Were” Pellico e hirió a Maximiliano.
Desde la Policía acusaron a los primos de escapar de un control policial: eso desató un tiroteo que derivó en la muerte de Pellico. Ni el arma ni las vainas del supuesto enfrentamiento aparecieron en la escena del crimen.
La fiscal Jorgelina Gutiez imputó al agente Lucas Chaves por “homicidio agravado por la utilización de arma de fuego y lesiones leves agravadas”. Chaves era el policía que conducía el patrullero.
Pero no se presentaron cargos contra el otro sargento que iba en el móvil, de apellido Leyva, conocido en el barrio como el “Malevo”. Allegados a la víctima apuntan contra él e incluso sostienen que está acusado de ser partícipe de otros casos de gatillo fácil. La fiscal decidió dejarlo fuera de la causa por ahora.
Peralta, el único testigo, recibió un disparo en una pierna y quedó demorado más de 24 horas por “resistencia a la autoridad”. Dice que habían ido a comprar vino y gaseosas y que al volver se cruzaron con el móvil que los esperaba con las luces apagadas. Contó que “los quisieron parar” y “por miedo” ellos siguieron, “porque siempre los para la policía” y los detiene.
Maxi relató ante los medios que los uniformados se bajaron del auto y tiraron hacia dentro del terreno, sin ingresar. Una de la balas rompió la capucha de su campera, otra dio en su pierna y una tercera en la nuca de Were. El testimonio del mecánico del barrio, Marcelo Flores, complicó a los dos uniformados: dijo que concurrieron al taller ese sábado a la madrugada tratando de plantar un arma.
Pellico formaba parte de un proyecto de Radio Aberta en barrio Los Cortaderos apoyado por la Universidad Nacional de Córdoba y articulado con la organización “Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos”. Desde estos espacios desmintieron la versión oficial del tiroteo y lograron –al menos en algunos medios locales- contrarrestar el discurso policial. El lunes 28 de julio se juntaron unas quinientas personas, vecinos y trabajadores de los cortaderos de ladrillos del norte de Córdoba, donde trabajaban los jóvenes, y cortaron la avenida La Voz del Interior.
El accionar policial territorial selectivo
Los vecinos denunciaron el permanente acoso y la arbitrariedad policial a la que son sometidos día a día. “Cortadero es una cacería de chicos”, dijo uno de los vecinos y con esta frase sintetizó el enorme poder territorial que la policía ejerce sobre determinados barrios, amparados por un cuerpo legal (el Código de Faltas). La cuestionada herramienta legal constituye en la práctica el ejercicio de una política de control selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial.
El despliegue contravencional y las detenciones arbitrarias son sólo una de las facetas de la actual política de seguridad que se profundizó desde la asunción del nuevo jefe de la Policía, Julio César Suárez. El modelo policial de gestión de la seguridad pública implica mayor presencia policial en los barrios populares, más controles vehiculares (sobre todo a ciclomotores) y una nueva modalidad de exponer a los detenidos para los medios: el corralito.
En esa práctica sobresale el ejercicio de distintas violencias contra los jóvenes. Es decir, este lamentable hecho no se trata de un episodio aislado de violencia institucional. Muestra de ello es que Chaves es el séptimo policía imputado en lo que va del año por matar con sus armas reglamentarias.
Todo esto se da en un contexto de autonomización de la policía en la definición de las políticas de seguridad: el poder político delega la resolución de conflictos a la fuerza y falla el control judicial sobre esas prácticas. Es una suerte de policialización de la política de seguridad. Y supone el abandono de la preocupación por la violencia estatal y el uso de la fuerza por parte del poder político y la autonomización de la institución. Es también una forma de legitimación de la política y las prácticas de la propia fuerza de seguridad, que inhabilita a otros actores a intervenir en la temática.
La crisis del modelo y la apelación a la participación ciudadana
Este modelo atravesó una fuerte crisis en 2013. Comenzó con la difusión de investigaciones periodísticas y judiciales sobre la complicidad de los altos mandos policiales con el narcotráfico. Y desencadenó un auto-acuartelamiento los días 3 y 4 de diciembre. Esto provocó un proceso de deslegitimación social que, desde entonces, la institución busca resolver: legitimarse a cualquier precio, incluso con la vida de jóvenes como Were.
Ahora más que nunca necesitamos la mirada social sobre el rol de la policía y de las instituciones del sistema penal. Hay que construir herramientas para el control civil de las fuerzas de seguridad y reducir el enorme campo de discrecionalidad que tiene la policía. Es urgente tomar decisiones legislativas y administrativas que garanticen que las prácticas policiales se desarrollen de manera respetuosa con los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales de derechos humanos.
A modo de ejemplo citamos algunas reformas necesarias y urgentes. El estado policial y la obligación legal de portar el arma reglamentaria de modo permanente son cuestiones que deben ser revisadas porque constituyen la razón del aumento significativo de muertos y heridos por balas policiales (accidentes y/o ejecuciones extrajudiciales) así como de muertos y heridos en las filas de la institución.
Además, la selección y formación de los agentes, oficiales y suboficiales también es un elemento que debe pasar por un proceso de transformación significativa que permita aportar a la profesionalización y la democratización de la fuerza.
El control judicial es otro de los aspectos que la provincia de Córdoba debería poder afrontar a fin de acercarnos a los estándares propios de un Estado respetuoso de los derechos de todos en materia de uso de la fuerza y accionar policial.
* Abogada, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal Córdoba
