ESCUCHARLo hará una vez que la Justicia provincial le gire el expediente de la causa. Además, reclamará al juez Bustos Fierro que preserve cajas de seguridad que utilizaba la financiera.
El fiscal federal Enrique Senestrari adelantó ayer que pedirá una nueva autopsia del cuerpo de Jorge Suau, vicepresidente de la financiera CBI Cordubensis, una vez que la Justicia provincial le gire el expediente de la causa que pasó al fuero Federal.
“Cuando recibamos el expediente veremos qué medidas se pueden tomar o rehacer”, aseguró a la prensa el fiscal, no obstante aclaró que tendrá “que hacerse una segunda autopsia”, aunque “hay que ir de a poco, tratando de reconstruir lo que ocurrió”.
Ayer se conoció que el juez provincial de Control de Alta Gracia, Carlos Granda Ávalos, se inhibió de seguir actuando en la causa y reconoció que la Justicia federal es la competente para “investigar la muerte de Suau”, ocurrida en febrero pasado.
El magistrado siguió el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dos meses atrás resolvió que la Justicia federal, y no la provincial, era la competente para investigar si la muerte del agente Juan Alós, también ocurrida en Alta Gracia el año pasado, está relacionada con la causa por presuntos vínculos entre la Policía de la Provincia y una red de narcotraficantes.
Según la primera autopsia, Suau, quien fue encontrado dentro de su camioneta Toyota en la Ruta C45, en la localidad de Rafael García, cercana a Alta Gracia, falleció por haber inhalado monóxido de carbono, motivo por el cual la investigación tiene que decidir si el hecho fue causado por él mismo Suau o por otras personas.
Por otra parte, Senestrari reveló que pidió al juez federal Ricardo Bustos Fierro que “preserve aquellas cajas de seguridad -que administraba CBI y que se encuentran bloqueadas, a disposición de la Justicia- que contengan información útil para la causa”.
El pedido del fiscal se vincula con que el martes Bustos Fierro ordenó que, entre el 28 y el 31 de julio, se entreguen a sus titulares las cajas de seguridad que, en el marco de la investigación, se encuentran clausuradas desde hace un par de meses.
En febrero pasado, en forma simultánea con la muerte de Suau, se desencadenó la crisis de liquidez de CBI, hecho por el cual están imputados Eduardo Rodrigo, titular de la firma, José María Núñez, Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Daniel Tissera, Luis de los Santos, Víctor Alaniz, Doris Puccetti y Oscar Altamirano, a quienes se les atribuye la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, estafa, intermediación financiera clandestina, evasión tributaria y lavado de dinero.
