ESCUCHAREl vicepresidente aseveró que el juez Ariel Lijo no quiso escucharlo. En el Parlamento, la Comisión de Juicio Político, con mayoría oficialista, rechazó “in limine” los pedidos de las bancadas opositoras para que se analice su responsabilidad institucional.
El juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido del vicepresidente Amado Boudou y suspendió la ampliación de su declaración indagatoria, prevista para hoy, en el marco de la causa Ciccone. En su escrito, el funcionario manifestó que “no callará cuanto tenga para decir”, pero que lo hará en las instancias que, según entendió, garanticen sus derechos y la legalidad del proceso.
Con el patrocinio de su abogado, Diego Pirota, Boudou aseveró que Lijo no lo escuchó y que “jamás quiso que se conociera la realidad de los hechos”.
El viernes 28 de junio el vicepresidente fue procesado por la presunta comisión de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el expediente en el cual se investiga el levantamiento de la quiebra y el traspaso accionario de la exempresa Ciccone Calcográfica.
División de poderes
En tanto, en el Parlamento, valiéndose de su mayoría, el kirchnerismo rechazó “in limine” los pedidos de juicio político de la oposición, en el marco de la reunión de comisión de la Cámara de Baja.
Al inicio de la sesión, Adela Segarra, titular del cuerpo, aseguró que avanzar en el proceso resultaría “violatorio del principio de la división de poderes”, ya que -según afirmó- “puede instalar una presión al magistrado, lesionando su independencia e imparcialidad”.
En esa sintonía, la diputada oficialista leyó un documento en el que buscó rebatir los argumentos contra el vicepresidente y opinó que “se basan en hechos y actos que aún tramitan en sede judicial”. Además, sostuvo que “no existe motivo alguno” para para que intervenga el Congreso Nacional.
Por su parte, el radical Manuel Garrido calificó de “lamentable” la decisión del kirchnerismo y afirmó que el Parlamento debe investigar y producir prueba. En idéntico sentido se pronunció Patricia Bullrich, quien se preguntó si, con el proceder que defendió el Frente para la Victoria, correspondería entonces esperar que un juez de la Corte que sea acusado de un delito sea primero enjuiciado en un tribunal menor antes de que el Poder Legislativo pueda avanzar en el análisis de su desempeño.
Encubridores
Ante la decisión del oficialismo, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que presentará una denuncia penal contra quienes rechazaron los pedidos de juicio político contra Boudou, considerando que esa posición “los convierte en encubridores” porque hay “causales gravísimas contra Boudou”.
De los 31 diputados que integran la Comisión de Juicio Político, 17 responden al oficialismo y 14 a la oposición.
En lo que va del año se reunieron una vez, para cumplir con el trámite formal de dar por constituida la comisión.
