ESCUCHARLa aspiración de máxima es hasta en 12 pagos -aunque cerrarían en ocho-. Los fondos para resarcir a los 1.856 trabajadores serían solventados como parte de la facturación de las futuras prestatarias o bien mediante financiamiento a plazo. Insisten en que en septiembre estará adjudicado el negocio a las futuras prestatarias. La Legislatura acelera proyecto para compactar vehículos incautados.
La Municipalidad de Córdoba pagará en cuotas las indemnizaciones, por unos $120 millones, a 1.856 trabajadores de las empresas Lusa, Cotreco y Crese residual, una vez que esos empleados dejen de pertenecer a las actuales prestarias del servicio de higiene urbana y sean transferidos a las futuras concesionarias.
El plan de pagos, cuyos detalles ya comenzaron a debatirse de manera informal con el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), incluye la posibilidad de cancelar los resarcimientos hasta en 12 cuotas.
Con todo, fuentes consultadas por Comercio y Justicia señalaron que “un buen acuerdo para todos” serían ocho pagos.
Si bien el vocero del gremio, Carlos García, aseguró a este medio que no había información concreta sobre este tema, trascendió que el sindicato avalaría un pago a plazo, aunque no en los tiempos que pretende el municipio. De los 1.856 trabajadores del sistema, 1.050 pertenecen a Cotreco, 550 a Lusa y el resto a la Crese residual.
La indemnización promedio será de unos 65 mil pesos.
Actualmente, el costo laboral promedio es de $28 mil por trabajador y los sueldos netos van desde casi $10 mil para un barrendero, hasta $13 y $15 mil, promedio de bolsillo para recolectores y choferes de camiones.
El acuerdo de los plazos de pago es clave, aunque también el origen de esos fondos. La comuna admite que es imposible reunir esas partidas y cancelarlas en un solo pago.
Las alternativas que se barajan son al menos dos: acordar con las futuras prestatarias que parte de las indemnizaciones surjan de un plus en la facturación mensual o bien directamente conseguir financiamiento mediante algún instrumento, como un crédito.
Según el convenio colectivo vigente, los empleados del servicio de higiene urbana deben ser indemnizados cada vez que culmina un proceso de concesión del servicio, pese a tener garantizada su continuidad laboral en las futuras prestatarias.
Esta mecánica ya se aplicó con la salida de Cliba en la gestión de Daniel Giacomino. Por entonces cobraron de una sola vez luego de un polémico préstamo al municipio de la Obra Social del sindicato de camioneros, de Hugo Moyano.
Hoy, el Surrbac y Camioneros están en pugna. De hecho, el gremio cordobes, que la semana pasada reeligió a Mauricio Saillén como secretario General, ya presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, diferente al de Camioneros que hasta ahora los amparaba. El trámite aún espera homologación.
Por lo demás, el municipio apura por estas horas la precalificación de las tres oferentes de cara a la adjudicación final del servicio de higiene urbana en la ciudad, que tiene las actuales prestatarias Lusa, Cotreco y a Transportes Olivos como las tres en carrera.
La intención oficial es que antes de fin de mes se concrete la apertura del sobre con las ofertas económicas.
En ese marco, en septiembre se adjudicaría y se firmaría el contrato con las nuevas pretatarias que tendrán la concesión por los próximos ocho años.
El costo del servicio es otro de los puntos que desvela a las autoridades municipales. Actualmente, las dos privadas perciben casi $70 millones mensuales, cifra que se ajustará en breve luego de que, en las próximas horas, presenten un nuevo pedido de ajuste tras el aumento de marzo dado a los choferes.
No obstante, las pretensiones originales de los pliegos de licitación determinarían hoy un valor largamente por encima de 100 millones de pesos, en caso de respetarse esas pautas.
En ese marco, se descuenta que, bajo el paraguas de la licitación “por renglones”, el municipio optará en una primera instancia por un servicio prácticamente similar al actual, al que se sumará la obligatoriedad de un servicio semanal para residuos secos que reemplazará a una frecuencia de residuos húmedos y la incorporación gradual de la “contenerización” en reemplazo de las recolección “puerta a puerta”.
La intención oficial es que las futuras prestatarias se hagan cargo del servicio a más tardar en noviembre.
