ESCUCHAREl juez federal Nº2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, resolverá la semana próxima si el represor Luciano Benjamín Menéndez accederá finalmente al régimen de prisión domiciliaria, tal como lo decidió semanas atrás la Cámara Nacional de Casación Penal.
La definición del magistrado dependerá, en gran medida -aunque el tema no es vinculante- de la postura que adopte la fiscal federal de la mencionada provincia, Silvina Godoy, quien ya adelantó que se opondrá a la posibilidad de que el represor acceda al beneficio en cuestión.
Precisamente, en ese sentido se pronunció la funcionaria del Ministerio Público Fiscal sanjuanino, tras la indagatoria que el juez Rago Gallo le tomó al ex militar.
En la indagatoria, y fiel a sus convicciones, Menéndez se abstuvo de declarar bajo el argumento de que sólo puede ser investigado por la Justicia militar. La postura no sorprendió a nadie, toda vez que es la misma que ha esgrimido en el sinnúmero de causas que pesan en su contra, todas relacionadas con delitos de lesa humanidad.
Cabe recordar que, en este caso, el juez Rago Gallo investiga a Menéndez por el secuestro y desaparición de la ciudadana francesa Marianne Erise, hecho ocurrido en 1976, como así también por el secuestro y homicidio de José Alberto Carvajal, acaecido en 1977, quien apareció supuestamente ahorcado, y por las torturas sufridas por la actual jueza Margarita Camus, nieta de un ex gobernador sanjuanino.
No obstante, en la Justicia federal sanjuanina hay otras causas que pesan contra el represor, al igual que en varias provincias argentinas, como es el caso de San Luis.
Justamente, el viernes pasado el juzgado federal de esa provincia aceptó el pedido de la fiscal de esa jurisdicción, Mónica Spagnuolo, para indagar próximamente a Menéndez en el marco de múltiples causas por violaciones a los derechos humanos, que incluyen secuestros, torturas y desapariciones.
En sus domicilios
Hasta ahora, de los ocho condenados en Córdoba el año pasado en el primer juicio por la represión, ya dejaron la cárcel de Bouwer el ex subjefe del Destacamento 141, Hermes Rodríguez -condenado a 22 años de cárcel- y el ex “adminitrador” del centro clandestino de La Perla, Carlos Vega, sentenciado a 18 años de prisión.
