ESCUCHAREl radicalismo presentó una iniciativa para que los hechos de corrupción vinculados con funcionarios públicos vuelvan a ser instruidos por el fuero ordinario.
La iniciativa del Ejecutivo provincial que iba a convertirse en ley la semana pasada, que pretende ampliar las competencias del fuero Penal-económico de Córdoba, reavivó la discusión respecto del desempeño que han tenido estos tribunales en la última década.
Aunque la discusión en el recinto fue postergada, el bloque de la Unión Cïvica Radical (UCR) aprovechó la oportunidad para presentar un proyecto de ley para que los delitos vinculados con hechos de corrupción de funcionarios públicos dejen de ser investigados por aquel fuero.
Con el objetivo de evitar la imparcialidad, la iniciativa plantea que los hechos de corrupción sean instruidos -como ocurría hace una década- por las fiscalías de Instrucción ordinarias. En contrapartida, se propone que las fiscalías comúnmente denominadas “anticorrupción” sólo investiguen delitos económicos.
En la práctica, con la reforma planteada los delitos vinculados con hechos de corrupción pasarían a estar en manos de 23 fiscales de Instrucción, quienes entenderían según lugar y fecha de comisión del hecho.
Consulltado por Comercio y Justicia el legislador Rodrigo de Loredo, autor de la iniciativa, explicó: “Con nuestra propuesta apuntamos a lograr que la injerencia del poder político sobre los fiscales que deben investigar los hechos de corrupción de la administración no exista o, si existe, se dificulte”.
Señaló que “la creación de fiscalías especializadas en lo Penal-económico y anticorrupción, como herramienta de política criminal, podría traer aparejados muy buenos resultados porque supone personal más capacitado y con una formación más sólida en la materia. Sin embargo, en nuestra provincia vemos que este adelanto se ve opacado por la realidad”.
Y agregó: “La designación de los fiscales de Instrucción en lo Penal- económico y anticorrupción, sin una garantía de total independencia del poder político, sumada al hecho de que no existe ningún caso de corrupción política investigado que llegue a juicio oral y público, nos lleva al terrible resultado de fiscalías que sólo garantizan la impunidad de los funcionarios de turno”.
Pobre desempeño
Según el último informe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el desempeño de las fiscalías penales económicas durante 2012, se desprende que de las 258 causas en trámite en ninguna de ellas se dictó prisión preventiva.
Esa situación fue criticada por De Loredo, quien recordó que, siguiendo la jurisprudencia de la Cámara de Acusación de Córdoba, un indicio de peligrosidad procesal que sirve como fundamento para dictar la preventiva de un acusado es el carácter de funcionario público jerárquico en la medida que, por su estatus e influencia, pueda entorpecer el proceso. Pese a que estas fiscalías investigan a funcionarios que revisten esas condiciones, en Córdoba el fuero no dictó preventiva alguna.
No actúan de oficio
El legislador también cuestionó la escasa cantidad de causas en trámite del fuero en comparación con la tarea habitual que tienen otros tribunales de la provincia. “Esto se debe a que sólo se avanza sobre las causas en las que formalmente se presentan denuncias y rara vez las fiscalías proceden de oficio como el código procesal manda ante hechos de público conocimiento”, opinó.
Y agregó: “Al margen de los números de estadísticas, que en su formalidad impiden analizar cualitativamente el trabajo, lo cierto es que en 10 años de existencia de estas fiscalías no se conoce una sola causa de trascendencia sobre funcionarios de alto rango gubernamental”.
Asimismo, remarcó que el gobierno optó por la especialización bajo la premisa de que, al designarse fiscales imparciales, el riesgo de influencia sobre ellos sería una cuestión menor.
“Sin embargo, dado que la designación de estos fiscales no tuvo las totales garantías de independencia y que los hechos muestran sin duda la existencia de influencia del poder sobre los fiscales, concluimos que la finalidad para la que se crearon estas fiscalías de Instrucción hoy no se cumple y sólo se ha logrado mediante su creación la impunidad de los funcionarios del gobierno de turno”, concluyó el legislador.
