ESCUCHARLucas Crisafulli, miembro del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la UNC, consideró los linchamientos como “salvajadas” y sostuvo que la “policialización’ de la ciudad” es una “respuesta ineficaz y costosa”.
Las escenas de supuestos ladrones apaleados en plena calle por “vecinos justicieros” ha despertado la voz de alarma en el país. El primer linchamiento se produjo en la ciudad de Rosario, donde se registra la tasa más alta de homicidios a causa del narcotráfico. Un grupo de vecinos interceptó a David Moreyra, de 18 años, cuando acababa de quitarle el bolso a una mujer. Después de lincharlo, lo dejaron tendido en el suelo con “pérdida de masa encefálica”. Murió a los cuatro días en el hospital. Después sobrevino una decena de casos de revancha colectiva en diferentes puntos del país.
Las repercusiones no tardaron en llegar. Desde el arco político, el dirigente opositor del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo que los linchamientos “aparecen porque hay un Estado ausente”. La presidenta Cristina Fernández le respondió que la sociedad no necesita “voces que traigan deseos de venganza”.
A lo largo de la semana se fueron sumando al debate jueces de la Corte Suprema y autoridades eclesiásticas. Lo propio hizo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien solicitó a los medios de comunicación mayor responsabilidad. “Se está generando un pánico colectivo: se dice que la Justicia no hace nada, entonces se actúa con mano propia, sin pensar en las consecuencias”, declaró.
Para analizar la cuestión, Comercio y Justicia convocó a dialogar al abogado cordobés Lucas Crisafulli, docente y miembro del Observatorio en Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quien no dudó en tildar de “salvajadas” los últimos hechos ocurridos en el país.
-¿Qué análisis le merecen los últimos hechos ocurridos en Argentina?
-Son hechos que deben tomarse “con pinzas” y todas las conclusiones a las que arribemos son puramente conjeturales, al menos hasta que haya un estudio serio al respecto. En primer lugar habría que ver si estas prácticas se repiten, en qué magnitud o si simplemente forman parte de una operación mediática. Hasta acá, de lo que se habló fue de unos nueve linchamientos, que si uno los mira en perspectiva, somos 40 millones de argentinos, no parece que fuera un fenómeno de tanta magnitud.
Lo que sí me parece preocupante es la reacción de los vecinos vinculados con esto y la posición que ha tomado el Gobierno de Córdoba en relación con lo ocurrido. La reacción de la gente es muy similar a lo que sucedió en Córdoba el 3 y el 4 de diciembre pasados, cuando lincharon en Nueva Córdoba a jóvenes que iban en moto sólo porque los golpeadores creían que iban a robar.
– La gente justifica estos hechos asegurando que el Estado está ausente, que no hay políticas de seguridad y que está cansada de los robos. ¿Qué sustento tienen estas posiciones?
-Creo que en estos hechos lo primero que hay que desterrar del vocabulario es la frase “justicia por mano propia”. Estos hechos nada tienen que ver con la justicia. Lo ocurrido son salvajadas, son reacciones más primitivas que aquellas que tenían lugar en el siglo XVIII antes de Cristo, con la ley del Talión. Al menos, en la ley del Talión si robabas te cortaban la mano, acá si robas te quieren matar. Pero volviendo al otro concepto, esto nada tiene que ver con la justicia; son crímenes de odio o, dicho en términos jurídicos, son homicidios calificados.
– El Gobierno de Córdoba y la policía respondieron con más controles en las calles, secuestraron motos y dijeron que reforzarán con presencia policial la ciudad. ¿Cuál es su opinión?
-Es la otra cuestión que me preocupa: el Gobierno respondió con lo que la misma policía denominó la “policialización” de la ciudad. Uno se pregunta si esta policía esencialmente violenta y estructuralmente corrupta puede contribuir a disminuir la violencia callejera. La respuesta es claramente que no. Pretender disminuir la violencia social con más policías en las calles es querer apagar el fuego con nafta. No hay que olvidarse que esta policía que tenemos en Córdoba es la misma del escándalo de los narcopolicías, es la misma del Tucán Yanicelli, es la misma que, pese a todo, nunca fue verdaderamente reformada. Necesitamos democratizar la policía primero para poder afrontar todo lo que viene después. Este modelo de “tolerancia cero” -de la policía en las calles al estilo policía borbónica- que se pretende instalar es ineficiente y nos sale caro a todos los ciudadanos.
-¿Con democratizar la policía alcanza?
-Sin dudas éste es un problema complejo multicausal. Se necesitan además políticas de inclusión, medidas de largo plazo que los gobiernos no quieren tomar. También en esto es importante el rol que le cabe al Poder Judicial. No nos olvidemos que en Córdoba no ha habido definiciones de política criminal, entonces la Justicia termina investigando y juzgando los casos que le lleva la policía. Se priorizan todas las causas con presos aunque no sean las causas más importantes.
-¿Por qué cree que se elige como blanco a los motociclistas?
– Porque son la víctima sacrificable, como dice Eugenio Zaffaroni. Todas las sociedades han construido a lo largo de la historia su víctima sacrificable, su enemigo a quien atribuirle todos los males. En algún momento fueron las brujas, lo fueron los anarquistas, los socialistas y los subversivos, durante la última dictadura militar. Hoy, esta democracia elige como su enemigo al delincuente común, entre otras cosas, porque es el más vulnerable y el más fácil de alcanzar.
