ESCUCHARLa Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba fijó para el próximo jueves la etapa de alegatos en el sexto juicio por fraudes cometidos al Registro de la Propiedad, que se reanudó ayer con la declaración de los últimos testigos.
El debate oral tiene sentado en el banquillo de los acusados a seis imputados, cuatro de los cuales ya fueron condenados en la megacausa por el tribunal integrado por Oscar Iglesias, Rodolfo Cabanillas y Juan José Rojas Moresi.
Al abrir la audiencia, los jueces dieron a conocer la voluntad planteada por los imputados Mariano y Luciano Loizaga de renunciar a la posesión y hacer entrega en el término máximo de 15 días de los lotes ubicados en Río Ceballos, que según la acusación, se apropiaron mediante adulteraciones, supresiones y cambio de documentación registral y cambiaron de dueño, en perjuicio de sus verdaderos propietarios.
Cabe recordar que, de ser condenados los hermanos Loizaga, sumarán 24 los acusados encontrados de ser responsables de realizar diferentes maniobras tendientes a apropiarse de inmuebles en el marco de los fraudes al Registro de la Propiedad.
Mientras tanto, continúa el séptimo debate oral en el que se investiga la apropiación indebida de un campo de 13 mil hectáreas, ubicado en su mayor parte en provincia de Catamarca. En este juicio son nueve los imputados, entre ellos el ex juez de Paz de Lucio V. Mansilla, Julio César Luna.
Fundamentos
La Cámara 10ª del Crimen dio a conocer ayer los fundamentos del quinto juicio que derivó en la condena de siete personas acusadas de apoderarse de dos campos y de un terreno, en distintos puntos del interior de Córdoba.
En el veredicto, el tribunal dio por acreditado que las falsificaciones de los dominios que llevaba adelante Daniel Cerdá se realizaban con la complicidad de empleados del Registro, quienes retiraban los tomos para que el acusado pudiera sustituir los folios que previamente eran falseados por su esposa, Silvia Barrera, y su hija, Natalia Cerdá.
A la hora de valorar la pena, los camaristas remarcaron el grave daño causado a las instituciones, en especial al Registro. Como agravante, a la gestora Angélica Cardarelli y a los comerciantes Alberto Héctor Egea y César Alberto Gáspari, a quienes los jueces le aplicaron la pena más alta -4 años y 6 meses de prisión-, los magistrados tuvieron en cuenta la buena situación económica que atravesaban los tres acusados.
