ESCUCHARLa distancia entre el debe ser y el ser muchas veces resulta muy grande. Bien lo saben las personas que, por alguna razón –por estar acusadas de haber cometido un delito, por haberlo sufrido, por ser familiares o testigos-, transitan un proceso penal.
A todas ellas, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales les reconocen derechos y sin embargo todas, en los hechos, ven afectado su ejercicio por la manera de actuar –es decir, por las prácticas- de las personas que trabajan en el sistema penal.
Pensemos sólo algunos ejemplos con el simple fin de ilustrar al lector.
Según las normas, el Estado debe garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, la realidad demuestra que el resultado de un análisis de sangre en una cárcel puede tardar cerca un año y los medicamentos necesarios, otro año más.
También las normas garantizan el acceso a la justicia. Sin embargo, muchas veces el propio expediente judicial no es conocido siquiera por la persona imputada del delito. Si la persona se encuentra privada de la libertad, no conoce su legajo penitenciario y, en muchísimas ocasiones, tampoco al juez o jueza responsable de su detención. Pero aún menos acceso a la información tienen sus familiares o las personas que sufrieron el delito, quienes pueden pasar horas esperando ser atendidas en un juzgado, fiscalía, defensoría, oficina de asistencia, unidad penal o comisaría. Todas esperan con paciencia que se les brinde alguna respuesta. En ocasiones son maltratadas, discriminadas, ignoradas. Otras veces, dentro del mismo sistema penal son víctimas de delitos –torturas, muerte-.
Conocer y difundir
En la Asociación Pensamiento Penal, como organización no gubernamental que promueve una justicia penal anclada en los derechos humanos, pensamos que esas maneras de actuar de todas las agencias del sistema penal, esas prácticas, deben ser conocidas y difundidas.
Si las prácticas son buenas porque posibilitan el ejercicio de los derechos, visibilizarlas ayudará a copiarlas y así servirán de ejemplo: la apertura de defensorías y fiscalías en barrios de pocos recursos, para que sus habitantes no deban trasladarse hasta los tribunales, es una buena práctica, por ejemplo. También lo es utilizar un lenguaje entendible en todos los actos del proceso penal.
Por el contrario, si las prácticas son malas porque obstaculizan derechos, como aquellas mencionadas anteriormente, difundirlas contribuirá a visibilizarlas y ampliar así la capacidad de desterrarlas.
Con el fin de mostrar las buenas y malas prácticas que llevan a cabo cotidianamente las personas que trabajan en el sistema penal a lo largo y ancho de todo el territorio argentino, hemos decidido implementar el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal (OPSP), cuya finalidad es constituirse en una herramienta para lograr que los derechos, legalmente reconocidos, sean efectivamente ejercidos y garantizados.
El OPSP funcionará con el aporte de toda la comunidad. A través de las urnas esparcidas en distintos barrios o completando un sencillo formulario en la página web del observatorio se podrá compartir qué prácticas, buenas o malas, fueron conocidas y merecen ser difundidas. El aporte no es anónimo pero sí confidencial. Sólo se publicará la práctica denunciada. Periódicamente presentaremos informes con los datos recabados.
Asimismo, promoveremos la celebración de convenios con dependencias públicas y privadas
para monitorear sectores particularizados del sistema penal.
Esperamos contar con el aporte de todas las personas que sufren en carne propia el sistema penal. Por eso es que solicitamos que ellas nos ayuden a visibilizar estas prácticas, con el fin de potenciar las buenas y desterrar las malas.
*Directora del OPSP y miembro de la mesa nacional de la Asociación Pensamiento Penal
