ESCUCHARPor Silvina Bazterrechea – [email protected]
Suman 85 los agresores detenidos por violencia de género en cárceles de Córdoba. Las mujeres deberán ser informadas sobre el riesgo al que se someten. Los jueces de Ejecución tendrán la última palabra
Los últimos femicidios ocurridos dentro de las cárceles argentinas despertaron la voz de alerta de los especialistas que advirtieron que deben existir protocolos de actuación que minimicen el riesgo de las mujeres que visitan a sus parejas en los centros de detención. El Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba se hizo eco de estas recomendaciones y, a partir de ahora, las visitas íntimas a los femicidas deberán ser autorizadas previamente y luego las mujeres deben ser advertidas del riesgo al que se someten una vez que ingresan al penal para tomar contacto con estos agresores. Córdoba viene trabajando en la problemática de la violencia doméstica desde hace varios años con el ministro Luis Angulo como uno de los impulsores de las reformas. En diálogo con Comercio y Justicia, Angulo repasó los cambios impulsados de su cartera en la materia y el trabajo que están realizando para transformar al Complejo Esperanza en un verdadero centro socioeducativo.
– ¿Qué es el Protocolo de Atención a los delitos de violencia de género que se pondrá en marcha por estos días en las cárceles de la Provincia?
– El protocolo surge a raíz de una resolución en la cual instruí al Servicio Penitenciario para que cuando una mujer solicite una visita íntima en la cárcel a un femicida, homicida o condenado por tentativa de femicidio, deba intervenir en forma obligatoria el Consejo Correccional -en el caso de los condenados- o el Consejo Interdisciplinario -en caso de los detenidos procesados-. Estos consejos tendrán la facultad de poder denegar o autorizar la solicitud de la mujer. En el caso de la denegatoria, las actuaciones deben elevarse al juez de Ejecución Penal. En el caso de que el consejo diga que sí y autorice la visita, debe haber luego lo que denominamos un “consentimiento informado”; serán los profesionales especializados quienes deberán convocar a la mujer que solicita la visita y notificarla de todos los antecedentes -psicológicos y penales- de la persona que quiere visitar en el penal.
– ¿Cuántos son los agresores que se encuentran detenidos en las cárceles de Córdoba y sobre los cuales se aplicará este protocolo?
– Tenemos un total de 85 internos por homicidios, femicidios o tentativa de femicidios. La mayoría de ellos afronta condenas a prisión perpetua.
– ¿Habrá asistencia psicológica a partir de ahora para estos detenidos?
– Sí, he bajado la instrucción para que tanto la Secretaría de Organización Penitenciaria como la de Violencia de Género pongan a disposición de estos internos presos y como parte del tratamiento penitenciario un abordaje integral con especialistas -psicológos y psiquiatras- algo similar a lo que hacemos en el centro que inauguramos en junio, el Centro de Tratamiento de Agresores.
– El año pasado se aprobaron dos leyes vinculadas a la violencia familiar con la creación de juzgados específicos. ¿Cuándo se pondrán en marcha estos tribunales?
– Acabo de firmar los pliegos, esperamos que en marzo ya estén funcionando. Las leyes que se aprobaron fueron muy positivas, tuvimos una actitud de apertura y hubo aportes interesantes que se realizaron desde la oposición. Prácticamente sacamos por unanimidad dos leyes: la que modifica la 9283 y la nueva ley de procedimiento para los casos de violencia de género. Por primera vez en Córdoba vamos a tener un fuero específico de Violencia de Género y asesoramiento jurídico gratuito para las mujeres víctimas de violencia. También tenemos ahora jueces de paz facultados a tomar medidas cautelares urgentes en salvaguarda de las mujeres y de sus hijos menores en el interior de la provincia.
– Su cartera tiene ahora bajo su órbita a los menores detenidos. ¿Cuál es la situación hoy del Complejo Esperanza?
– Nosotros consideramos que el Centro Esperanza debe ser un centro socioeducativo. Por eso ya están funcionando los talleres de capacitación en oficios y los talleres culturales; en marzo -por supuesto- se reanudará la educación formal. También hemos inaugurado las piletas de natación. Queremos que los jóvenes puedan gozar de estos derechos para que luego puedan reinsertarse socialmente.
– Está hoy en debate la reforma de la ley penal juvenil. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– El titular de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), José Piñero, participó en la comisión en la que se trató el tema de la prevención y fue nominado como coordinador en este encuentro; desde este lugar estamos participando. Creo que la reforma de la Ley Penal Juvenil debe tener como eje fundamental el análisis de las causas que producen la inseguridad, que están vinculadas con la exclusión social. El Estado debe trabajar en remover estas causas a través de una política de Estado a nivel nacional en articulación con las provincias y los municipios. Debe haber un gran programa al que se le asignen recursos humanos y económicos par abordar las problemática de la pobreza, la inequidad y la indigencia. Previamente hay que darles a los menores la oportunidad de que puedan vivir de otra manera y, cuando los chicos caen en las malas acciones, lo importante es que estos lugares de detención se transformen en centros socioeductativos, que es lo que queremos hacer con el Complejo Esperanza.
