ESCUCHAREs por todos sabido que Córdoba fue pionera en los procesos de reforma procesal penal encaminados a lograr despojarnos de la larga tradición inquisitorial reinante en Argentina: desde 1939, con la sanción del código procesal penal de Vélez Mariconde y Soler, cuando se instauró por primera vez en Latinoamérica el juicio oral; en el año 1987, la Constitución provincial confirió al Ministerio Público la titularidad de la acción penal; en 1991 un nuevo código procesal separó los roles procesales de acusar y juzgar; en 1996 se implementaron las unidades judiciales, lo que continuó con la de judicialización de la etapa de investigación, que comenzó con la creación de la Policía Judicial.
Por Inecip Córdoba* – Área de Reforma Procesal
Finalmente, en el año 2004, Córdoba fue la primera provincia argentina en incorporar los jurados populares, sumando esta alternativa de participación ciudadana al existente “escabinado”. Sin embargo, estas reformas no han sido del todo armónicas o suficientes, y es por ello que tenemos una gran tarea por delante.
Desafíos
En armonía con los procesos de reforma que se continuaron llevando adelante en ese sentido en América Latina, de los que también se han hecho eco varias provincias de nuestro país, los próximos desafíos para Córdoba serán: reemplazar el expediente como productor de información por audiencias orales y públicas como metodología de toma de decisiones; generar nuevos estándares de participación de la víctima; modernizar los diseños institucionales y separar las tareas administrativas de las jurisdiccionales; dar un nuevo perfil al Ministerio Público Fiscal y posicionar al fiscal como órgano requirente con mirada estratégica en la toma de decisiones en el proceso penal; desformalizar y desburocratizar el proceso; diversificar las respuestas que el sistema puede dar mediante la incorporación de criterios de oportunidad, salidas alternativas y tempranas, procesos simplificados, generando más y mejores respuestas en un proceso con mayor celeridad; incorporar mecanismos de control de gestión judicial y de rendición de cuentas; profesionalizar las agencias investigativas, tanto judiciales como policiales; recategorizar y fortalecer el sistema de defensa pública.
Estas transformaciones implican un profundo cambio cultural y requieren una intensa tarea en tres ejes: infraestructura, normativa y capacitación.
Consideramos que la clave del éxito será lograr una reforma integral y homogénea, dando una nueva organización a los fiscales, a los jueces y a la defensa pública, y todo esto en el marco de un nuevo código procesal penal.
El desafío también exige superar viejas prácticas, y lograr que el sistema reconstruya su legitimidad recuperando la confiabilidad de la ciudadanía. Solo así será posible transparentar y democratizar la administración de justicia, y responder a las demandas de la población de una justicia más cercana, ágil y eficiente.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia ha comprendido esta necesidad, lo que se manifiesta en el próximo congreso “Reforma Procesal Penal: Hacia una nueva justicia penal”, que tendrá lugar los días cinco y seis de Noviembre en la ciudad de Córdoba, donde se abordarán muchos de los temas antes mencionados, colocando esta discusión nuevamente en la agenda pública.
Dicho evento contará con la participación de referentes locales y de otras provincias argentinas que ya están atravesando en la práctica procesos de implementación de sistemas procesales puramente adversariales, como las provincias de Neuquén y Santa Fe.
Desde Inecip Córdoba, como incansables militantes de la reforma procesal penal en América Latina y de los procesos de la democratización de la justicia en la región, celebramos esta iniciativa, esperando que los operadores jurídicos en Córdoba seamos capaces de retomar el camino de transformación del proceso penal del que alguna vez fuimos referentes.
* Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
