Tras un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, el Gobierno suspendió a 8.588 cooperativas por supuestas irregularidades e intimó a otras 7.887 a regularizar sus papeles para no correr la misma suerte.
El Ministerio enumeró como irregularidades para explicar la medida, el incumplimiento en la presentación de documentación obligatoria, como asambleas y balances contables y personas asociadas a múltiples cooperativas (hasta 14, en el caso más extremo), cuando el espíritu de estas organizaciones es que los asociados aporten su trabajo a una sola entidad.
Las cooperativas afectadas integran en su mayoría organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie. Según el actual gobierno, el número de organizaciones cooperativas aumentó 139% entre 2019 y 2023.
Asimismo, Capital Humano intimó a otras 7.887 cooperativas a regularizar su situación presentando la documentación actualizada de su funcionamiento. En caso que no cumplan con este requisito, podrían perder su autorización para funcionar. “Para todas aquellas entidades que no regularicen su situación en el correspondiente sumario, se procederá con el retiro de la autorización para funcionar”, advirtió el Inaes.
El organismo dijo que se observó que “el proceso de reordenamiento en cooperativas y mutuales no sólo busca depurar un registro que, por años, se infló sin control, sino también restablecer la confianza en un sector que es fundamental para la economía social del país”. Los funcionarios consultados también destacaron que “el plan de acción del INAES continúa con el objetivo de recuperar la legalidad y transparencia en un sector que operó en la oscuridad y sin control”.