ESCUCHAR
El Colegio Médico Veterinario de Córdoba considera que se vulnera el ámbito de actuación profesional en lo que refiere a la nueva obligación de dar aviso en los supuestos en que no se encuentre registrado el perro en la App “Huella Animal”. Pidieron audiencia con el intendente Llaryora
El Colegio Médico Veterinario de Córdoba (CMVC) rechazó algunos puntos de la ordenanza aprobada días atrás relativa a perros potencialmente peligrosos. Consideran que se vulnera el ámbito de actuación de los veterinarios de la ciudad capitalina, puntualmente en lo que refiere a la nueva obligación del profesional de dar aviso a la autoridad de aplicación en los supuestos en que no se encuentre registrado el animal en la App “Huella Animal”.
Según explicaron, la normativa enumera que deben dar aviso sobre una serie de razas como dogos, rottweiler, pitbull, shar pei, entre otros, y además los mestizos de estas razas.
Según la ordenanza, de no dar aviso, hace responsable solidariamente al profesional tratante y al titular del establecimiento involucrado.
Desde el Colegio profesional señalan que durante el proceso de creación de la normativa, esa entidad participó de reuniones con miembros del Concejo Deliberante, planteando fundamentos técnicos y científicos, cuestiones que finalmente no fueron tenidas en cuenta en la letra de la norma.
A través de un comunicado, expresaron gran preocupación “por el desmedido deslinde de responsabilidad de la Municipalidad de Córdoba de sus potestades, la que debe controlar y sancionar a los tenedores. Transformado a los veterinarios en cuasi inspectores municipales, sin las potestades de la función”.
Asimismo, señalan que la ordenanza los expone a situaciones que podrían llegar a generar daños y perjuicios, poniendo en la disyuntiva a los veterinarios de pedir documentación o prestar atención médica animal. “Expone al veterinario a la confrontación directa con el responsable del animal”, detallaron.
Además advierten que el veterinario no cuenta con el uso de la fuerza pública para exigir al ciudadano el cumplimiento de las ordenanzas. Ejemplifican que si el ciudadano se niega a avisar en la app o declara falsedades al veterinario, queda el profesional “como responsable de la irresponsabilidad del tenedor del animal; sancionando al veterinario por una situación que escapa a sus competencias”.
El colegio ya exhortó al Concejo Deliberante a que revise la norma con los aportes de la entidad profesional y pidió una audiencia con el intendente Martín Llaryora, en paralelo el asesor letrado del colegio está trabajando sobre el tema.
Consultado por Comercio y Justicia, el veterinario Omar Robotti, especialista en comportamiento animal y presidente del Tribunal de Disciplina del colegio, detalló que junto con un grupo de colegas dedicados a la etología clínica, la rama de la veterinaria que diagnostica, trata y previene trastornos de conducta animal, entre ellos la agresión canina, se pusieron a disposición de los concejales y trabajaron con ellos. “Nos sentimos decepcionados porque de las cuestiones técnicas que les aportamos al Concejo Deliberante muchas de ellas se desoyeron”, dijo Robotti.
Una de las cuestiones a la que se oponen los especialistas es a la consideración de que la ordenanza haya estipulado razas como peligrosas, “porque para valorar la peligrosidad, independientemente de la raza hay que hacer una valoración de riesgo de agresión, que lo tiene que hacer un veterinario”.
Y agregó: “No porque el perro tenga portación de raza sea peligroso y lo tengamos que subir a la aplicación (Huella Animal). Según lo que dice el municipio, cualquier perro de estas razas, que vaya a una veterinaria, independientemente de su comportamiento, nosotros como veterinarios tenemos la obligación de subir a la app. Caso contrario, seríamos corresponsables de lo que pudiera suceder con ese animal cosa que estamos en total desacuerdo porque la responsabilidad de controlar y regular es del municipio y no un veterinario”. En ese sentido tendrían multa y podrían ser denunciados ante el Colegio profesional.
Explicó que hay muchos perros que no son de las razas mencionadas en la ordenanza y son peligrosos o potencialmente peligrosos, como por ejemplo perros peridomiciliarios, perros con dueños que los dejan en la calle, perros comunitarios que hacen jauría en distintos sectores y plazas, y que agreden gente.
Se mostró en contra de la tipificación establecida, le pareció hasta “racista y clasista”.
Señaló que la potencialidad de peligrosidad no depende solo de la raza sino también de las “condiciones comportamentales” y del “entorno”.