ESCUCHARUn plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados debatió ayer distintos proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo sobre licencias parentales y de cuidados, con la presencia de invitados de diferentes sectores.
Expusieron representantes gremiales y especialistas, quienes respaldaron la iniciativa pero destacaron la necesidad de hacer algunas modificaciones.
El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo a principios de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 a 0,074%, según precisó el sitio especializado El Parlamentario.
Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo, vital y móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.
El encuentro fue presidido por las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha. Disertaron Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT); Yamile Socolovsky, secretaria de Formación e Investigación de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T); Alejandra Angriman, secretaria gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA – A), Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y asesora sindical en Asociación Argentina de Actores; María Orsenigo, coordinador de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem.
También expusieron Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Juan Camisassa, coordinador del Programa de Protección Social del CIPPEC, Dina Sánchez, secretaria general Adjunta UTEP y Claudia Lazzaro, secretaria de DD. HH del Sindicato de Curtidores.
A su turno, Natalia Gherardi valoró la incorporación al texto de las personas que se desenvuelven de forma independiente incluyendo autónoma, monotributistas y monotributistas sociales que “accederían por primera vez al derecho de contar con tiempo para el cuidado a través de la asignación de cuidados parentales para personas gestantes y no gestantes”.
“El proyecto es verdaderamente transformador porque hace un recorrido para incorporar una dimensión del derecho al cuidado que promueve la igualdad de personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo y es un avance en el reconocimiento a la universalidad de cobertura”, expresó.
