ESCUCHARHace un mes, referentes de pymes pidieron que se dicte una ley integral y hubo cruces con el oficialismo. Ocurrió en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados, en donde analizaron la situación del sector y reclamaron una normativa integral que contemple beneficios impositivos.
Según Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, no había “un sólo índice positivo en la actividad económica” y “menos en la pequeña y mediana empresa”.
González, quien poco antes habló en el Senado, en el marco del debate por la Ley Bases, citó datos sobre la merma de la actividad industrial y la caída capacidad instalada. “Con este escenario es inviable cualquier proyecto productivo”, sostuvo. Bajo esas premisas, les pidió a los legisladores se declare la emergencia del sector.
Luego expuso Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien estimó que las políticas para las pymes son “nulas”. “En la búsqueda del equilibrio fiscal, el Estado se retiró de manera abrupta de responsabilidades que había asumido la gestión anterior. No sólo dejó de comprar, sino que dejó de pagar lo comprado, algo bastante similar a un delito”, acotó.
El diputado del PRO José Núñez intervino. “He notado una descripción de la realidad y cero propuestas. Muchas cosas de las que declaman las tenían y nos llevaron a esta situación en la que estamos. Todos sabíamos que esto iba a pasar, porque las fiestas se pagan, no son gratis”.
Además, el oficialista afirmó que “nos pasó el kirchnerismo” y les exigió a los invitados que hicieran sugerencias.
A su turno, Alejandro Bestani, presidente de Alimentos INCA, aseveró: “Todos estamos de acuerdo que había que hacer una corrección macroeconómica y que el ajuste del gasto del Estado era necesario”. Dijo además que el proceso inflacionario “desbocado” hacía “un presente infernal y un futuro inimaginable”, pero matizó señalando que “los efectos sociales” son “lapidarios”.
Bestani consideró que es imprescindible un plan de acción en la microeconomía, en simultáneo con la macro, y también peticionó la sanción de una ley integral.
Puntualizó que la iniciativa está planteada en tres ejes: laboral, impositivo y financiero. Propone la reducción de las cargas sociales, pero a su vez también la prohibición absoluta de los bloqueos en las pymes, entre varios puntos.
En tanto, Eduardo Maradona, del Movimiento Nacional PyME (Monapy), planteó: “Hace años que estamos postergados, sin financiamiento, abatidos por cargas impositivas desmesuradas y como si esto fuera poco tenemos un sistema perverso, antiguo y oneroso en materia laboral”.
Maradona aseguró que el grupo que encabeza propone “tocar los derechos adquiridos y sueldos de los trabajadores ya formalizados”, pero sí modificar los aportes y contribuciones laborales para incorporar al sistema varios millones de informales. “Por cada trabajador hoy pagamos casi un 55% más de carga; cada dos estaríamos en condiciones de generar un nuevo puesto”, destacó. “Nuestra propuesta sería 4% de jubilación, 8% de obra social, 1% PAMI, 2,4% ART y 2% sindicato”, completó.
Finalmente, Martín Bocco, del Comité de PyMEs, Emprendedores y Productores (PEP), pidió que se apruebe la ley laboral. “Es lo que necesitamos”, sentenció. Además, reclamó “reglas claras”.
“Necesitamos que se pongan a trabajar en esta ley para que podamos emplear gente”, concluyó.
Antes del encuentro de dirigentes de pymes en la sede del Legislativo, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, y el secretario general de la institución, Ricardo Diab, se reunieron con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para abordar temas relacionados con la legislación laboral que impulsa el proyecto de Ley de Bases.
Los titulares de la CAME destacaron como un “gran acierto” la derogación de normas y de “artículos de leyes” a los que definieron como causantes de la litigiosidad laboral y aseguraron que ello traerá un “gran alivio”.
RIGI
Ahora, los empresarios aguardan que el Gobierno los convoque para consensuar un proyecto, ya que además del oficial, que se está definiendo, hay entidades como la CAME y la Unión Industrial Argentina (UIA) que tienen los suyos.
Por lo pronto, a la espera de que la Cámara Baja apruebe la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que contempla, el equipo económico de la Administración de Javier Milei y distintas cámaras trabajan en paralelo en sus iniciativas.
El proyecto de la UIA, enfocado en las pymes industriales, está en la comisión pyme de Diputados desde principios de junio.
Contiene seis ejes: simplificación tributaria; creación de un régimen de incentivo a las inversiones pyme industriales complementario del RIGI; actualización automática de parámetros de categorización; herramientas para la internacionalización de las empresas; simplificación de la creación de nuevas firmas y acceso a financiamiento.
El borrador de la CAME plantea cuatro objetivos industriales y comerciales: fomentar una mayor creación de empleo de calidad; promover una mayor formalización del entramado de las empresas; acelerar el desarrollo de inversiones productivas que permitan mejorar la productividad e impulsar las exportaciones.
Inversiones
A mediados de mayo pasado, dirigentes de la CAME se reunieron en el Congreso con el presidente de Diputados, Martín Menem, y con el titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni.
Durante el encuentro, solicitaron que se contemplen cambios en el RIGI a fin de que se incorpore a pequeños y medianos inversores locales.
La CAME manifestó que coincide con el RIGI y la búsqueda de más inversiones, pero estimó que el articulado podría mejorarse sobre la base de la normativa vigente para impulsar la inclusión de contenido nacional en los proyectos y desarrollar toda la cadena de valor del país.
También hizo hincapié en avanzar en modificaciones de las relaciones laborales y resaltó la articulación público-privada como clave.
Por su parte, en declaraciones periodísticas, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguró que la aprobación del régimen “destruirá el sector” porque no está en condiciones de competir ante las ventajas que otorga el programa.
En una concentración en la puerta del Congreso, Rosato pidió que no se abran las importaciones. “Las pymes no podemos competir porque tenemos insumos difundidos dos o tres veces más que caros, tenemos un costo de la energía 50% más caro que a nivel internacional e impuestos 30% más caros que en el extranjero”, sostuvo.
Según Rosato, cuando llegue al país “la cantidad de productos terminados que están sobre el agua” será el “fin de las pymes”.
En esa tesitura, juzgó que las condiciones del RIGI son “alarmantes” y contribuyen “a la destrucción de la industria pyme”.
“Nos dejan vulnerables ante inversiones que van a poder importar con arancel cero, con derecho cero y libre disponibilidad de dólares”, añadió.
Incentivos
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ofrece un marco de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares.
La iniciativa causó controversia. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advirtió que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local. Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo (200 millones de dólares) deja fuera a las pymes.
Los críticos señalan además que no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica los sectores que busca impulsar.
Alternativa
Hace horas, Rosato, adelantó detalles de la propuesta que IPA le llevará al Gobierno como alternativa al RIGI.
“Lo que estamos planteando es que el RIGI no tiene contraprestaciones y estas tienen que tener como objetivo fortalecer la industria nacional, que un porcentaje de los inversores se derrame también al interior del país, especialmente a las pymes industriales, para potenciar y sostener esta industria energética que tiene un futuro tremendo”, señaló Rosato, en una entrevista radial.
“Dijimos que este proyecto de ley fue en parte una pérdida de tiempo porque debería haber considerado desde un primer momento al sector pyme industrial. Ahora en el Gobierno se está hablando de una Ley Pyme, que está bien, pero lo podíamos haber hecho antes”, opinó.
El dirigente adelantó que el texto promueve que las pymes tengan “los mismos beneficios que las grandes inversiones” para que puedan ser competitivas.
