ESCUCHARLas empresas de electrónica saludan los anuncios y las nuevas medidas de protección. Y lanzan más propuestas: cuota pyme en obras de infraestructura y revisión de licencias de importación, entre otras.
Por Jorge Luis Cavanna*
En la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) consideramos que las medidas para incentivar las pequeñas y medianas empresas, que buscan generar desarrollo y empleo de calidad, anunciadas por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, son un buen inicio, al tiempo que nos alegró saber que están preparando otras medidas que esperamos completen las expectativas de las industrias pyme.
Hoy, las pymes se ven amenazadas por una multiplicidad de factores, en los que el contexto internacional tiene un rol preponderante por una sobreoferta de bienes industriales, junto a los avatares de una economía doméstica que pasa por una coyuntura compleja, lo que las obliga a reaccionar rápido para lograr que sean sustentables y puedan aumentar su competitividad internacional.
Por ejemplo, será importante lograr que en todos los planes de infraestructura que se van a realizar -nacionales, provinciales y municipales- exista un claro mensaje como política de Estado en el cual se reserve una parte para que las pymes industriales puedan participar y, de ese modo, volver a activar un círculo virtuoso que regenere un entramado de alta productividad.
Esta puesta en valor de la industria argentina en las obras públicas que -en definitiva- son financiadas por los impuestos de los argentinos, implica una ventaja invaluable para el Estado pues de los productos y equipos fabricados en el país, 50% del valor invertido le regresa por vía fiscal y previsional.
Es por eso que al Tesoro nacional los productos fabricados en nuestro país le terminan costando la mitad pues las empresas argentinas lo revierten en forma de impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales, aportes jubilatorios y demás cargas sociales, y -sobre todo- en la reactivación de una gran cadena de valor que involucra a proveedores directos e indirectos, interacción con el sistema educativo y el aparato científico tecnológico, y los beneficios para la comunidad en la cual cada industria opera y se desarrolla.
Medidas como esa apuestan más por el empleo genuino y de calidad que iniciativas del tipo “ley antidespidos”, que son de muy de corto plazo y muestra de que quienes las impulsan no conocen las pymes, que defendemos a los trabajadores, a muchos de los cuales conocemos hace décadas o son nuestros vecinos.
Hoy, al quedar sin efecto las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación y otro tipo de normas que entraban en colisión con las normas de la Organización Mundial de Comercio, hay muchas industrias que debieron reducir su volumen de producción, lo que hace necesario regular algunos aspectos que las dejan fuera del mercado a pesar de ser competitivas en materia de procesos productivos.
Este déficit de competitividad de las pymes debe ser abordado de manera inmediata, integral y simultánea.
Por ese motivo, promovemos otras medidas tales como la creación de una Agencia de Competitividad con representación del sector público y productivo mediante las cámaras y sindicatos, de la que participen, además, organismos como AFIP, Aduana y la banca pública, para que decidan matrices de competitividad sectoriales.
Estas matrices pueden ser de gran utilidad para conocer mejor aquellos factores que distorsionan nuestros costos y que no son posibles de corregir sin el apoyo del Estado; y, así, podremos ser más competitivos al corregir debilidades, apuntalar fortalezas, aprovechar oportunidades y conjurar amenazas en un esquema de diálogo permanente entre funcionarios de primera línea y representantes de los sectores productivos.
Para eso es importante contar con cámaras industriales sólidas que puedan generar y promover proyectos destinados al progreso del país, para lo que proponemos instrumentar una contribución obligatoria, por la que las industrias aporten directamente a las cámaras, tal como los sindicatos tienen ese derecho garantizado por ley en función de su representación de los trabajadores.
De ese modo podremos consolidar, actualizar y profesionalizar la actividad gremial empresarial -especialmente pyme- para estar a la altura de los nuevos desafíos de una realidad cada vez más global y compleja, lo que requiere contar con equipos de trabajo idóneos que permitan el desarrollo de propuestas que refuercen el accionar de las políticas públicas.
También deberá jugar un rol importante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, realizando investigaciones y trabajando en sectores de alta concentración ya que impactan en la competitividad de las pymes industriales. Requiere que se controle que los monopolios y que quienes abusan de su posición dominante respeten los precios del mercado internacional en el interno, pues si no será imposible exigir que nuestras fábricas sean globalmente competitivas.
(*) Presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel)
