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Según una investigación de Fundes, una legislación compleja atenta contra el ordenamiento jurídico accesible y las urgencias de estas empresas. Además, la normativa debe velar por el funcionamiento integral.
Un nuevo estudio de Fundes deja en evidencia que existe un vacío en la legislación y en los marcos regulatorios alrededor de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en América Latina.
El documento muestra que, si bien en los países en estudio no existe una legislación que comprenda la totalidad de las necesidades de este tipo de empresas, de cada uno de ellos es posible extraer buenas prácticas que son de utilidad para apoyar procesos de otros países en la región que puedan estar considerando instrumentar o reformar sus marcos regulatorios de fomento mipyme.
“Hoy se observan, a escala continental, leyes, proyectos de ley y estudios relativos a la mipyme que hacen pensar que es perfectamente viable la formulación de un estatuto o cuerpo jurídico integral”, indica la publicación “Marcos legales para el fomento a la Mipyme”.
Situación diferenciada
En este sentido, según el informe, las mipymes constituyen un segmento empresarial que requiere de una normativa especial para poder desarrollar su actividad económica en igualdad de condiciones con las empresas de mayor tamaño y la publicación resulta relevante, ya que en estos momentos varios países de la región discuten sobre el mejor marco regulatorio para fomentar la actividad.
“Es deseable, por tanto, elaborar un conjunto de normas especiales que regulen integralmente la actividad de las mipymes con normas especiales en casi todas las ramas del derecho, en forma paulatina. Esta recomendación no excluye sino que ratifica la conveniencia de hacer una recopilación de todas las leyes que afecten al sector, para facilitar su consulta”, agrega el documento.
“En Fundes hemos trabajado en América Latina durante los últimos 26 años y nos damos cuenta de que pese a la importancia que tiene el sector mipyme en la generación de empleo, aún hay un largo camino por recorrer para verdaderamente fortalecer y crear mayores oportunidades para los pequeños empresarios”, aseguró Elfid Torres, gerente internacional de Investigación y Desarrollo de Fundes.
Recomendaciones a futuro
Del análisis comparado de marcos regulatorios en distintos países de América Latina, los autores de la investigación recomiendan a los países de la región impulsar modalidades de regulación simples. “Mientras más simple sea el sistema jurídico que norme las mipymes, más fácil será tener conocimiento de él. Una legislación compleja atenta contra un ordenamiento jurídico accesible y las urgencias de este tipo de empresas”, puntualizó el informe.
De las lecciones aprendidas del estudio también se deriva la recomendación de establecer en cada país una institucionalidad de fomento, financiamiento y coordinación suficientemente clara que contribuya a crear seguridad jurídica a los pequeños empresarios.
Finalmente, se considera que la regulación de la Mipyme en cada país debe velar no sólo por el funcionamiento general de las empresas durante su ciclo de vida; sino atender el entorno en que éstas se desenvuelven, procurar un cambio en la cultura normativa que las afecta y abarcar temas tales como la creación y puesta en marcha de las empresas; la verificación del cumplimiento de los requisitos que se exigen para el funcionamiento y el cierre de las empresas; la participación en las compras públicas; la promoción de las exportaciones y un sistema laboral especial para mipyme.
Regulación mipyme en Argentina
En busca de un desarrollo equilibrado y equitativoEn la Argentina existe la Ley 25300, de Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, modificada por la 26496, del 5 de mayo de 2009. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industrias y el Consejo Federal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa son los responsables actuales de las políticas del sector.
La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que desarrollen actividades productivas en el país, mediante la creación de nuevos instrumentos y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva.
