ESCUCHARPor Delia Raquel Flores *
En el mundo empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y los productores, se ha intensificado un debate crucial: la necesidad de una reforma laboral y sindical. Este tema ha cobrado relevancia debido a su potencial para generar más empleo formal y desbloquear obstáculos que actualmente limitan el desarrollo económico.
Es indiscutible que la presión ejercida por los sindicatos, así como los bloqueos en el sector del transporte, han contribuido a una atmósfera que desincentiva la inversión privada y obstaculiza la creación de empleo.
En primer lugar, es importante reconocer que la generación de empleo formal es una prioridad indiscutible para cualquier economía en crecimiento. Las pymes y los productores, siendo motores fundamentales de la economía, requieren un entorno propicio que fomente la contratación de personal de manera formal. Sin embargo, las rigideces laborales impuestas por la legislación actual y la influencia desmedida de los sindicatos han obstaculizado este objetivo.
La presión ejercida por los sindicatos, si bien es legítima en muchos aspectos, también ha alcanzado niveles que amenazan la estabilidad económica. Los bloqueos y paros impulsados por ciertos sectores sindicales, como el sindicato de transportistas, no solo afectan la productividad y la fluidez de la cadena de suministro, sino que también generan un clima de incertidumbre para las empresas y los inversores.
En el sector del transporte, por ejemplo, los bloqueos pueden tener consecuencias desastrosas para las empresas y los consumidores. Los retrasos en la entrega de productos, la pérdida de contratos y la erosión de la confianza en el mercado son solo algunas de las ramificaciones negativas de estas acciones. Es fundamental que se establezcan mecanismos que protejan los derechos laborales sin comprometer la operatividad y la competitividad de las empresas.
Un aspecto particularmente preocupante es la connivencia entre algunas empresas “dadoras de cargas” y los sindicatos, que imponen la afiliación sindical como requisito para acceder a ciertos contratos de transporte. Esta práctica, aunque no sea ilegal, distorsiona el mercado y limita la libertad de elección de los transportistas independientes. La imposición de esta condición, en lugar de promover la competencia justa, genera un entorno poco transparente que perjudica a los actores más vulnerables de la cadena de valor.
Es evidente que se necesita una reforma integral que aborde estas problemáticas de manera efectiva y equitativa. La reforma laboral y sindical no solo debe contemplar la flexibilización de ciertos aspectos para fomentar la contratación y la formalización del empleo, sino también garantizar la protección de los derechos laborales y la libre competencia en todos los sectores.
Es fundamental que los empresarios, los sindicatos y el gobierno trabajen de manera colaborativa para encontrar soluciones que promuevan un entorno laboral justo y dinámico. La reforma no debe ser percibida como una amenaza a los derechos de los trabajadores, sino como una oportunidad para modernizar las relaciones laborales y adaptarlas a las realidades económicas y sociales del siglo XXI.
Además, es crucial que la reforma se base en un diálogo inclusivo y en el respeto mutuo entre todas las partes involucradas. La polarización y la confrontación solo obstaculizan el progreso y perpetúan un statu quo insostenible.
En conclusión, la reforma laboral y sindical es un imperativo para promover el desarrollo económico y social en el país. La generación de empleo formal y la protección de los derechos laborales deben ser objetivos prioritarios que guíen este proceso de transformación. Es hora de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos hacia un futuro laboral más justo, equitativo y próspero para todos.
(*) Empresaria logística, especialista en Comercio Exterior y Mercosur.
