ESCUCHARLa Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que les brindará un marco legal a los
desarrollos de triple impacto, es decir organizaciones que además de rédito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social
La iniciativa que pretende reconocimiento jurídico para las empresas de “Beneficios e Interés Colectivo (BIC) tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General del Congreso en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto de Diputados donde tuvo media sanción.
El año pasado también había entrado en el temario de extraordinarias, pero no fue tratada. Cabe recordar que el Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y la Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA).
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explicó Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplió: “Reconoce a aquellos emprendimientos que no sólo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos. En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B, desmintió esa apreciación al tiempo que recordó que el proyecto no habla de exenciones impositivas.
“Esta sanción significa que 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”, afirmó.
Durante el debate, el presidente de la comisión de Legislación General Daniel Lipovetzky destacó que en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal.
La expectativa está puesta ahora en el Senado. Tanto de Sistema B como de ASEA esperan que la ley sea aprobada este año y ya comenzaron las conversaciones informales en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, adelantó Noel.
Puntos principales del proyecto
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las “sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades”. Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, “las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo”.
Estas empresas deben incluir en el contrato social el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar y contar con el respaldo de 75% de los socios con derechos a voto.
Las empresas B en el país
Hace ya una década, la organización B-lab, un ONG estadounidense, desarrolló una herramienta de evaluación de sostenibilidad y un proceso de certificación para empresas de las llamadas de “triple impacto”. Hoy en la Argentina, ya se certificaron 67 empresas según este modelo y hay otras 6 que están en proceso de hacerlo. En Córdoba, las tres empresas que tienen sello B son Ondulé, Aero Studiodesign y Porta Hnos.
En el país, la primera empresa en certificar fue Emprendia, fundada por Pedro Tarak, uno de los impulsores de la fundación Sistema B, que difundió el modelo de B-Lab en América Latina, Asia y Europa. “Tenemos una concepción sistémica: no alcanza con que haya empresas que certifiquen, sino que hay que reconvertir la economía. Por eso trabajamos con el Estado, la academia y grandes actores del mercado”, sostuvo Francisco Murray, su director ejecutivo. El proceso de certificación comienza con la herramienta de evaluación generada por B-lab. El cuestionario incluye secciones relacionadas con gobernanza, trabajadores, ambiente, comunidad y clientes. Según las respuestas se establece un puntaje. Si se superan los 80 puntos (el máximo es 200), se puede comenzar el proceso de certificación.
“El uso de esta herramienta es gratuito y les permite a las empresas un autodiagnóstico”, señaló Murray. Si la empresa supera el puntaje mínimo y quiere certificar se pasa a una auditoría que realiza B-lab desde Estados Unidos y que puede requerir documentación probatoria e, incluso, evaluación in situ. La certificación tiene un costo anual, que varía según el tamaño de la empresa.
