ESCUCHAREl pasado fin de semana se creó el comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), que anunció su respaldo al decreto del presidente Javier Milei.
El PEP consideró que las reformas que impulsa promoverán la creación de empresas, las exportaciones de productos argentinos, la atracción de inversiones y que generarán nuevas fuentes de trabajo.
Conformado por más de 1.000 empresarios, emprendedores y productores agropecuarios, manifestó que se consolidó para “abogar por un marco regulatorio más flexible y adaptado a las necesidades del sector productivo”.
En ese sentido, precisó que su objetivo es “fomentar un entorno propicio para el desarrollo y, en consecuencia, el crecimiento económico y la generación de empleo mediante la multiplicación exponencial de fuentes de trabajo”.
Según comunicó, algunos de sus representantes ya se reunieron con diputados y senadores nacionales y con jueces laborales para expresarles su apoyo a las desregulaciones propuestas y “la urgencia para su implementación”.
Industria del juicio
“Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino”, puntualizó la entidad.
Según el PEP, respaldará las propuestas que buscan ordenar los costos laborales para las pymes y emprendedores y fomentar “la pronta creación de empleo privado de calidad”.
La Oficina del Presidente agradeció el apoyo del comité mediante el comunicado de prensa que publica habitualmente en su cuenta de X (ex Twitter). “Más de 2.000 pymes, emprendedores y productores destacaron que las medidas promoverán la creación de empresas, las exportaciones e inversiones, y generarán nuevas fuentes de trabajo”, sostuvo.
Bajo esa premisa, afirmó que los empresarios celebraron la posibilidad de que se imponga un marco regulatorio más flexible y que el DNU del Gobierno ordene los costos laborales.
Por su parte, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, le pidió al Gobierno Nacional precisiones respecto de las medidas vinculadas al DNU 70/23 y al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Fernández opina que el empresariado pyme que representa “no tiene certidumbre sobre lo que se debe hacer” y alertó sobre la posible pérdida de empresas y empleos.
En declaraciones a Télam Radio, valoró que “mucho de lo que pretende” la Administración de Milei traerá recesión y “pérdida de puestos de trabajo”.
Además, estimó que si se abren indiscriminadamente las importaciones habrá pérdida de empresas.
Para el titular de la Cgera, se requieren precisiones para “interpretar las medidas que se están aplicando y cómo van a ser llevadas a la práctica en breve”.
Citó que hay dudas sobre las importaciones y su pago; en especial, en cuanto al acceso a dólares.
El dirigente aseveró que Cgera “fue clara” y que emitió una serie de comunicados en relación a las medidas. “No dejan de ser confusas sobre su implementación y funcionamiento diario de las pymes”, resaltó.
Fernández adelantó que el gripo que encabeza quiere discutir con las autoridades en forma urgente para “poder tener claro el panorama y así saber qué se puede criticar, qué se puede apoyar, qué se puede aportar”.
“No entendemos el apoyo rápido de algunos ni la crítica de algo que no se entiende”, acotó.
Paro
Consultado sobre el paro y movilización convocado por la CGT y organizaciones sociales y sindicales para el 24 de enero, afirmó que si bien tienen derecho a decir que no están de acuerdo, recordó el derecho de otros sectores de apoyar al Gobierno. “Así lo hicieron las urnas”, subrayó.
“Evidentemente debe haber habido hombres de las pequeñas y medianas empresas y trabajadores que han votado a Milei”, razonó Fernández.
Respecto de la posición de Cgera, sostuvo que darán libertad de acción ya que la entidad “no tiene un posicionamiento concreto de todos sus integrantes”.
En tanto, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Mar del Plata e integrante de la conducción nacional de la entidad, Gustavo Casciotti, fustigó el capítulo laboral del DNU y rechazó las desregulaciones de la economía y las finanzas impulsadas por el Gobierno.
Al referirse a las propuestas de flexibilización laboral, también consultado por Télam Radio, Casciotti dijo: “Sostenemos y reafirmamos que la pyme y sus trabajadores nunca se beneficiaron con políticas de destrucción de los derechos”.
El empresario pyme interpretó que aquéllos “siempre sufrieron en forma conjunta la pérdida de puestos de trabajo y de empleo, lo cual relacionó con “la política de shock vinculada con el aumento desproporcionado de los precios de todos los productos y servicios”.
“La fortísima devaluación se fue íntegramente a precios”, agregó, y declaró que se está ante “una verdadera pulverización de los salarios y las jubilaciones en términos reales”.
En otro orden, Casciotti rechazó las propuestas de desregulaciones de la economía y las finanzas impulsadas. “Implica lisa y llanamente un jaque mate para el sector y para sus trabajadores”, aseveró.
“La pretendida eliminación de las leyes de Góndolas, de Abastecimiento, de Compre Nacional, implica dejar librado a cientos de miles de empresas al libre juego de la oferta y la demanda, en realidad a la ley de la selva, donde los más poderosos se comen a los pequeños y medianos”, valoró.
Sobre la liberación de precios, apreció que implica la “pulverización” de la capacidad de compra de los consumidores.
Paralelamente, cuestionó la propuesta de apertura irrestricta de importaciones porque, s u entender, “se llevará puesta” la industria nacional.
También fustigó el incremento de tarifas al estimar que “hará inviable prácticamente la totalidad de los procesos productivos en el país”.
Casciotti confirmó que la entidad nacional acompañará el paro propuesto por las centrales obreras.
En sentido similar, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, interpretó que la pérdida del poder adquisitivo “golpeará a la producción nacional” y pronosticó que “se verá obligada a ajustarse en todos los frentes, con el riesgo latente de cierres de fábricas”.
En un comunicado, IPA indicó que una encuesta que hizo reflejó que el 78,9% de las fábricas pequeñas y medianas espera que la demanda local baje en los próximos 90 días, lo cual, según planteó, “generará una suba de la ociosidad en la capacidad instalada de la industria y una reducción de la dotación del personal, ante el derrumbe de la previsión de las horas trabajadas”.
Asimismo, reportó que en materia laboral el relevamiento determinó que el 56,3% de las pymes proyecta que la dotación de personal en los próximos 90 días se resentirá, mientras que un 39,4% espera poder sostener a su plantel de trabajadores.
“El esfuerzo que realizarán por mantener a sus empleados quedó plasmado en el escenario de actividad dentro de las fábricas, porque el 62% espera que la cantidad de horas trabajadas en el próximo trimestre se reduzca y un 32,4% confía en sostenerla”, sumó.
“Es necesario que el Gobierno tome nota de esta situación para evitar un derrumbe del mercado interno que atente contra el empleo privado, que es el único que sostendrá el achique del Estado que está planteando el presidente”, cerró Rosato.
