ESCUCHARPymes y cooperativas esperan una reglamentación «cuidadosa» del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 690, aprobado por el Parlamento, que categoriza la telefonía móvil, internet y televisión paga como servicios públicos esenciales y en competencia, y que congeló los precios de estos servicios hasta el 31 de diciembre.
En un evento sectorial, los titulares de las cámaras Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer; de Operadores Pymes (Cacpy), Marcelo Tulissi; y de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), Ariel Fernández, expusieron la importancia de que la reglamentación del DNU contemple las «asimetrías» que existen en el sector.
Después de indicar que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tiene la tarea de disponer una reglamentación «cuidadosa», los expositores coincidieron en que las asimetrías no se limitan al tamaño de las empresas sino también al tipo de servicio que se ofrece, en qué zona y con qué tecnología.
«El Gobierno está ahora con la difícil tarea de escribir una reglamentación que sirva», sostuvo Graizer, y destacó que «las pymes y cooperativas necesitan políticas activas que las apoyen para poder seguir dando servicios allí donde las grandes empresas no llegan».
Enfatizó que «las políticas tienen que ser a favor de permitir a las pymes y cooperativas que podamos sobrevivir, invertir y seguir creciendo».
Tulissi, por su parte, subrayó que estos servicios «crecieron sin ser regulados», que «la actividad privada viene invirtiendo, y mucho», y la muestra fue que «se pudo sostener una demanda exponencial en medio de una pandemia».
También señaló que las iniciativas de los gobiernos, de todos los niveles, de extender redes propias de fibra, «no deberían superponerse con las redes existentes» del sector privado. Al respecto, Graizer agregó que esas iniciativas «tampoco deberían competir con el sector privado».
