Representantes de cinco provincias se reunieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos; con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, y con el subsecretario de Combustibles e Hidrocarburos, Luis de Ridder.
Por Santa Fe participó la vicegobernadora Gisela Scaglia; por Córdoba el ministro de Agricultura y Ganadería Sergio Busso; por Entre Ríos el encargado de Desarrollo Económico Guillermo Bernaudo y por Tucumán el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
Llevaron una propuesta para que se realicen cambios y aclaraciones en la “Ley Ómnibus” que el Gobierno envió al Congreso para que sea tratada en sesiones extraordinarias.
Durante el encuentro, los representantes de Córdoba pidieron que también se convoque a los sectores del agro y de la industria que queden exceptuados de retenciones a la exportación. Salieron con la promesa de que serán de carácter transitorio y que podrían bajar paulatinamente.
Tal como sucedió con otras materias, a la fecha el Ejecutivo analiza modificaciones en los ítems referidos a biocombustibles con la ayuda de legisladores de distintas fuerzas, para descartar posibles perjuicios para los productores de biodiesel o bioetanol.
Corte
Francos señaló que se pudieron “clarificar” algunos aspectos que se comprendieron mal con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen gran impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito.
Por su parte, la segunda de Maximiliano Pullaro precisó que abordó artículos de la norma vinculados con las economías regionales, especialmente biocombustibles. “Vinimos a plantear modificaciones, siempre en una línea propositiva, que permita sostener a la industria nacional y a los derechos adquiridos”, dijo.
Cabe destacar que Santa Fe produce más del 80 por ciento del biodiesel del país, con 19 plantas y solicitó que se quiten, por ejemplo, las retenciones al maíz pisingallo.
Luego de la reunión, la vicegobernadora Sacaglia declaró que el Gobierno “son receptivos” a las propuestas de su provincia. “Queremos que el corte de biocombustibles esté en el 7,5%, ir hacia adelante y aumentarlo, defendiendo las economías provinciales”, resaltó.
Carbio
La semana pasada, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) apoyó las modificaciones a la Ley de Biocombustibles estipuladas en la “Ley Ómnibus”, que incluyen la eliminación del establecimiento de precios y cupos de abastecimiento por parte del Estado nacional y habilita la importación del producto.
En un comunicado, Carbio indicó que la apertura “seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor”.
El presidente de entidad, Luis Zubizarreta, estimó que es “insólito” que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y que “el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre”.
Según Zubizarreta, la situación merma la competitividad de la economía y es pagada por todos los habitantes. “El proyecto de ley actual soluciona esta inequidad, le dará al consumidor un biocombustible de calidad y a precios razonables, promoviendo una industria competitiva y sustentable”, concluyó.
La nueva normativa permite a las grandes empresas productoras-exportadoras de biocombustibles comercializar en el mercado interno, abastecido mayormente por pymes; posibilita negociaciones privadas para establecer precios y autoriza a las petroleras a importar biocombustibles.
Santa Fe
Por eso, el Gobierno de Santa Fe cuestionó parte del texto. “Esta medida perjudica claramente a Santa Fe versus provincias petroleras, y sentimos que nos quieren meter la mano en los bolsillos”, dijo el ministro de Producción Gustavo Puccini. “Creo que hay una fuerte presión del lobby de la industria petrolera, y eso nos perjudica”, sumó el pasado viernes.
En la previa de la reunión con representantes del gobierno de Javier Milei, el funcionario dijo a Radio Dos de Rosario que el proyecto parece ir “a contramano de lo que se está haciendo en el mundo” y mencionó a Brasil, que va hacia un corte mucho mayor para este año.
Por su parte, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) opinó que los cambios que se plantean implican “mandar a la quiebra” a las productoras de biodiesel destinado al corte obligatorio para ser mezclado con diésel de origen fósil.
Se trata de 27 plantas radicadas en distintas provincias, que generan 2000 puestos laborales, según precisó.
Las grandes empresas exportadoras apoyan que se las deje ingresar al mercado interno, que hasta ahora tenían vedado, mientras que las pequeñas y medianas se oponen a esa posibilidad, alegando que no pueden competir.