ESCUCHAREl informe hizo foco en el rol que asume el Estado para el abordaje de la violencia en el fútbol, los conflictos escolares y la violencia de género. Se puso bajo la lupa “el abordaje punitivo” de la conflictividad social
Investigadores de Villa María analizan las políticas de seguridad de la última década en la provincia (2003-2013). Hacen foco en el rol que asume el Estado para el abordaje de distintas temáticas, como la violencia en el fútbol, los conflictos escolares y la violencia de género. “Los especialistas describieron las estructuras e iniciativas gubernamentales llevadas a cabo en torno a estas conflictividades e identificaron una profundización de la policialización y la mano dura como estrategias de abordaje de la conflictividad social”, informó el portal de divulgación universitaria Argentina Investiga. El proyecto lo lleva adelante un equipo de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) .
Desde un enfoque cualitativo reconstruyeron las políticas de seguridad implementadas en el orden provincial en la última década y sistematizaron experiencias operadas en ámbitos específicos del Estado. Como parte de las observaciones precisaron que esas políticas están relacionadas con una “profunda policialización”, que tiene que ver con “el abordaje punitivo” de la conflictividad social.
“Lo que intentamos es recalar en las particularidades de las intervenciones estatales reconociendo distintas lógicas en disputa, incluso hacia adentro del mismo ámbito estatal de la provincia”, aseguró la directora del proyecto, Mariana Carbajo. En tal sentido, el diagnóstico de los investigadores está relacionado con “el ascenso de jefes policiales a la estructura gubernamental del gobierno” y, por otro lado, con “la respuesta represiva y punitiva”.
Según la investigadora, cuando se habla de políticas de seguridad suele comprenderse al Estado como “una entidad monolítica” y caracterizarse sus políticas en función de lo que hace la policía. “Lo que intentamos en el proyecto es abordar distintas conflictividades para ver los diversos actores estatales que se involucran en la gestión de éstas, tratando de identificar tensiones entre lógicas de policialización y ciudadanización de las políticas de seguridad”, explicó.
Respecto de los ejes abordados pudieron reconocer distintos actores con relación a las problemáticas de conflicto. Así, en términos de violencia de género identificaron el programa de lucha contra la violencia familiar y dentro de éste el botón antipánico. “En esta política encontramos una lógica de policialización, donde la policía tiene cada vez más injerencia en las respuestas y una tendencia a la judicialización de la política”, dijo Carbajo.
Con relación a la violencia en el fútbol, tomaron la creación del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedrepo) como entidad gubernamental que intentó la pluralización de actores para el abordaje de la violencia en el fútbol y, en el caso de la escuela, el paradigma de la convivencia hacia su interior, en contradicción con la puesta de cámaras y la incorporación de adicionales como respuestas por parte del Estado a las conflictividades, violentas o delictivas, que “se dan en y en torno a los establecimientos educativos”.
Cámaras de vigilancia
Carbajo, especialista en Criminología, señaló que el tema de seguridad se incorporó a la agenda gubernamental de la provincia a inicios del año 2000. Después de la crisis de los días 3 y 4 de diciembre de 2013 se “produjo una fractura muy fuerte en las políticas de seguridad provincial que, lejos de tomarse como oportunidad para repensar la institución policial y su democratización, llevaron a la profundización de la policialización y la mano dura como estrategia de abordaje de la conflictividad social”.
Al ser consultada acerca de la masiva utilización de dispositivos por parte de los ciudadanos, la investigadora aclaró: “Las cámaras, alarmas y la incorporación de policías son estrategias de defensa que responden a la sensación de inseguridad; se trata de métodos disuasivos que le permiten al ciudadano sentir que tiene algún tipo de respuesta.
Lo importante sería que estén acompañadas de estrategias de participación ciudadana. No puede ser la única respuesta del Estado, sino que tienen que estar articuladas a estrategias de inclusión social”.
