ESCUCHARUna resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, establece que los sujetos obligados deberán cumplir una serie de medidas específicas en orden a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Se trata de una categoría a la que ahora pertenecen, entre otros, todos los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios extranjeros que se desempeñan en la Argentina y las autoridades sindicales y de cámaras empresariales, informó la UIF en un comunicado.
Mediante la Resolución 11/2011, el presidente de la UIF, José Sbattella, aprobó la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente, que deberán observar los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o el financiamiento de acciones terroristas, de acuerdo con las prescripciones de la ley 25246.
“Los sujetos obligados -bancos, compañías financieras, escribanías y casinos, entre otros- deberán disponer de una Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente cuya forma textual y contenido han sido establecidos por la UIF, que otorgará un ‘plazo prudencial’ para la adecuación de los procedimientos de identificación de las PEP”, indica el comunicado.
Al elaborar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que involucren a PEP, los sujetos obligados deberán dejar debida constancia de tal condición. También deberán destacar ese dato al describir transacciones en Reportes de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo, efectuados conforme lo dispuesto en la Resolución UIF 125/2009.
