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La FACA sostuvo que la condición de abogados de los imputados no puede ser un agravante para que permanezcan detenidos. Su presidente, Carlos Andreucci, se reunió con el titular del Alto Cuerpo, Domingo Sesin.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) apoyó institucionalmente el reclamo del Colegio de Abogados de Córdoba (CAC) que insiste en que no se están respetando principios ni garantías constitucionales de los letrados presos en las causas de la denominada “industria del juicio”. Cabe recordar que se trata de profesionales imputados por presunta “estafa procesal reiterada” en perjuicio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) Provincia, contratada por la Municipalidad de Córdoba.
El petitorio es extensivo a los profesionales detenidos en la megacausa del Registro de la Propiedad. Entre los dos procesos hay cuatro abogados encarcelados por la primera causa y tres procesados por la segunda (dos detenidos y uno con prisión domiciliaria).
El presidente de la FACA, Carlos Andreucci, estuvo ayer en Córdoba y se reunió con el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin, para manifestarle la “preocupación” sobre el tema. Lo acompañó Alejandro Tejerina, quien dirige el CAC.
“Al igual que en distintas jurisdicciones del país, se advierten incidencias que van condicionando severamente al ejercicio de la profesión de abogado, especialmente en la 1ª Circunscripción, y se relacionan con criterios jurídicos que conllevan en especial la detención y prisión preventiva como consecuencia de la práctica profesional”, le expresó Andreucci a Sesin.
El dirigente aclaró que la FACA no busca entrometerse en la competencia de los distintos poderes del Estado ni en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, pero que debe dejar en claro la jurisprudencia vigente a nivel nacional y la respectiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “posicionan resoluciones al respecto de la libertad ambulatoria de manera distinta a las restricciones dictadas en el ámbito de la provincia durante el proceso instructorio y como medidas precautorias vinculadas con los letrados sometidos a proceso”.
Desigualdad y demora
En este sentido, sostuvo que con excepción de que haya entorpecimiento en la investigación o que los denunciados no se sometan a estar a derecho, debe observarse el principio de la libertad. Resaltó la necesidad del trato igualitario y la presunción de inociencia. “La inquietud que expresamos al respecto de tal desigualdad ante la ley se ve constatada en resoluciones recientes que consideran que los abogados, por la idoneidad que acreditan con su título, resultan peligrosos y, en su caso, generan entorpecimientos en las investigaciones”, agregó.
La FACA también está preocupada “por la demora en resolver las vías procesales pendientes en torno a medidas precautorias que restringen la libertad ambulatoria, constituyéndolas casi en un anticipo de la pena”.
Andreucci advirtió que más de la mitad de la población carcelaria de Argentina y de Córdoba no tiene sentencia y está detenida bajo una condición cautelar. “Esto es un entrenamiento no querido para el delito porque aquel que está retenido en cárcel por un delito menor entrena para cosas mayores en lugar de estar en libertad. Más allá de la puntual preocupación por los colegas, nos importa el conjunto del tratamiento para cualquier ciudadano”, concluyó.
Tras la reunión, Tejerina sostuvo que Sesin pondría el tema a consideración del resto del cuerpo que preside.
