Preocupación de concejales por posible desregulación de servicios para personas con discapacidad

La Comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad Universal del Concejo Deliberante de Córdoba expresó ayer su “preocupación” por la posible desregulación del sistema de nomenclador único que rige a nivel nacional para las coberturas de asistencia a personas con discapacidad, según un proyecto de decreto que estaría ya en la Jefatura de Gabinete de la Nación, tras haber sorteado otras instancias, como la propia Agencia Nacional de Discapacidad.

Según informó la comisión presidida por la concejala Mónica Rosales (HUxC), ayer se escuchó a Leandro Ator, miembro de una asociación que nuclea a transportistas de personas con discapacidad. “Como prestadores, venimos de una larga lucha por aranceles, y ahora queremos visualizar esta posibilidad de que se elimine el nomenclador, para frenar un daño irreversible”, señaló.

Agregó que el nomenclador nacional de prestaciones asegura cobertura integral (sin necesidad de pagos extras) y universal (para afiliados a cualquier obra social). “Es el soporte del sistema desde hace 25 años. Si se deroga, se van a vulnerar derechos y sería el fin de muchas prestaciones, que ya vienen siendo precarias, como en nuestro caso. En los últimos tres años, el 50% de los transportistas del sector han dejado la actividad. Para las familias es imposible conseguir este servicio”, alertó.

Por su parte Andrea Cañas, de Fundación Familias CEA, dijo que las familias afectadas por el tema discapacidad ya vienen siendo “muy afectadas” por la desregulación de las prepagas y por los aumentos en los costos de los servicios. “Muchos se tuvieron que dar de baja y los chicos quedan sin tratamiento, además de la amenaza de que puedan no ser tomados por otras obras sociales”, graficó.

También intervino Marta Lastra, abogada especializada en derecho de las personas con discapacidad. Detalló que el actual sistema de prestaciones tiene falencias a corregir, como las demoras en los pagos, el control de los fondos y la actualización de aranceles, pero rescató que “es muy importante, al garantizar prestaciones al 100% para todos por igual”.

Finalmente, calificó de “discriminatorio, insensible e irresponsable” el decreto que impulsa el Gobierno nacional.

Los presentes también se refirieron al Apross, señalaron que el nomenclador provincial paga aproximadamente un 72% de lo que fija el nacional y que progresivamente se va acercando a ese valor de referencia. En ese sentido, explicaron que si el nomenclador único desaparece y los valores se atomizan, las provincias y obras sociales se inclinarán a referenciarse en los que resulten más baratos y con menos prestaciones.