ESCUCHARSe aprobó la Emergencia pública sanitaria. Faculta al Ministerio a dirigir y organizar el sistema sanitario provincial, tanto público como privado, para dar respuesta en la actual situación. Habrá un fondo específico de 1.200 millones de pesos
Carolina Klepp [email protected]
Con el apoyo de la mayoría de la oposición, el oficialismo aprobó ayer la ley de emergencia pública sanitaria en Córdoba.
Entre sus aspectos salientes, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo faculta al Ministerio de Salud provincial a disponer la asignación, recepción y/o derivación de pacientes afectados por patologías no relacionadas a la emergencia sanitaria por coronavirus, de establecimientos del sector público a privados, a efectos de ampliar la capacidad de atención. La medida se argumenta en las disposiciones por el posible incremento de las situaciones que requieran la intervención de nosocomios estatales.
Asimismo, precisa que las medidas que establezca el Ministerio de Salud durante la situación de emergencia serán de acatamiento obligatorio por los prestadores del sector privado y los financiadores del servicio de salud cuyos afiliados sean residentes permanentes en la provincia, como así también por los establecimientos sanitarios dependientes del ámbito municipal y comunal.
La ley que fue propuesta por el Ejecutivo, considera falta grave el incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso de las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud, lo cual será pasible de las sanciones que cada régimen legal determine.
La nueva norma dispone también la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional en el marco de la ley N° 27541, artículos 1°, 64 a 85 y concordantes; el decreto N° 486/2002 y el decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020; y a las demás normativas que dicte el Gobierno Nacional, “con las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial”.
Asimismo, se creó el Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas, integrado por 1.200 millones de pesos y por las demás sumas que se le asignen, cuya finalidad prioritaria será solventar las acciones que requiera la atención de la referida emergencia.
También ratifica los decretos por los cuales se declaró el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos de dengue, coronavirus, sarampión y cualquier otra enfermedad “de alto impacto sanitario y social” que puedan causar brotes y epidemias que afecten o puedan afectar a la provincia.
Antes de la sesión, los legisladores mantuvieron un encuentro con el ministro de Salud Diego Cardozo quien les brindó un panorama de la actual situación de la pandemia en la provincia.
Se exige que el sistema privado colabore
La legisladora de Hacemos por Córdoba y exdirectora del Hospital Regional Pasteur, Liliana Abraham, fue la encargada de abrir el debate y argumentar a favor de la aprobación de la ley. Apeló al “carácter social de la propiedad privada y la preeminencia de una democracia social de derecho del bienestar general sobre el lucro individual, es que el sistema de salud público priorizará la atención de los pacientes de la pandemia Covid-19 derivando al sistema privado a pacientes afectados con patologías ajenas al coronavirus”.
“Es el Estado provincial que asume la responsabilidad que le toca en la atención de los afectados por Covid-19, pero exige legalmente al sistema privado que colabore”, puntualizó la legisladora.
Alberto Ambrosio (PRO) fue el encargado de expresar el apoyo al proyecto por su espacio e hizo hincapié en que la población acate las medidas preventivas y de aviso ante la pandemia.
Por el radicalismo, también dieron su voto positivo, aunque a través de la legisladora Marisa Carrillo, advirtieron sobre la situación de la población más vulnerable que se encuentra “en una pobreza alarmante, en condiciones desfavorables para contrarrestar el virus”. “Debemos asegurar a todos el uso igualitario u oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos”, señaló.
También hizo hincapié en que momentos como éstos no haya diferencias de colores políticos y la premisa de que vivimos en comunidad y dependemos de todos.
María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal) reivindicó a los equipos de salud y sostuvo que “hay que advertir a la población de que cuando llegue el pico del contagio no vamos a tener camas suficientes si no tomamos los recaudos que hoy se nos piden”. También pidió la activación del Fondo de Desastre y expresó preocupación por la situación de las personas en las cárceles. “Vamos a acompañar, pero nos gustaría tener en claro desde dónde se van a sacar los fondos”, señaló.
Tanto Cecilia Irazuzta (Coalición Cívica) como Orlando Arduh (Juntos por el Cambio) también apoyaron. Hubo planteos e inquietudes sobre programas sociales y vulnerabilidad del Estado en cuanto a camas disponibles según crezca la pandemia. Irazuzta consideró que “la ley es necesaria”, pero también propuso la creación de un fondo solidario a partir del aporte de una parte de las dietas de los legisladores.
Para Ardhuh, “debemos generar conciencia y no alarma. Para eso el Poder Ejecutivo deberá arbitrar algún tipo de medida para atender a las consecuencias económicas que ya se sienten”.
Finalmente, el jefe del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna (ex ministro de Salud) advirtió que esta ley se da en un marco donde van a convivir la pandemia del coronavirus, con el dengue y las infecciones de las vías respiratoria. “Se trata de que el sector privado atienda a pacientes que pueden tener otras patologías no vinculadas con esta epidemia, de que el sector público tenga el apoyo del privado”, agregó argumentando una corresponsabilidad.
Advertencias y críticas
Por su parte, tanto Soledad Díaz García (Frente de Izquierda Unidad) como Luciana Echavarría (MST) votaron en disidencia y argumentaron con base en lo insuficiente del fondo, la inexistencia de mención a la mejora de la situación salarial, la precarización de las condiciones de trabajo de los equipos de salud que están en el frente de batalla, como el déficit en cantidad de trabajadores en los hospitales y falta de insumos. En el caso de Echavarría, presentó otro proyecto que contempla la creación de un impuesto especial aplicado a sectores de altos ingresos y declarar “recurso humano crítico” a los equipos de salud. Ambas hicieron referencia a la necesidad de contemplar las consecuencias sociales en los pobres y en los “700.000 trabajadores en negro que no acceden a licencias”.
Díaz García cuestionó la existencia de “hospitales repletos de residentes que recibirán un aumento salarial de $900 al mes”. “Los 1.200 millones de pesos no alcanzan para revertir la situación en la que se encuentra el sistema sanitario. Tenemos 500 camas para atender a toda la población”, graficó. “¿Qué personal va a hacerse cargo de establecer una salida a esta situación?”, se preguntó Díaz García, quien recordó que en la actualidad, “desde el Hospital de Niños denuncian un déficit de 130 enfermeras”.
