ESCUCHARAsí lo revela el Índice de género, decisión y representación, elaborado por el centro de investigación Fundar, que mide la brecha de género en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en el sector privado
La participación de las mujeres en las distintas esferas del poder es un indicador de bienestar y de igualdad de derechos en una sociedad. Siguiendo los parámetros que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cerrar la brecha de género es una meta a escala mundial hacia 2030.
En virtud de los logros impulsados por los movimientos sociales que defienden los derechos humanos de mujeres y diversidades, Argentina es un país referente en estos temas. De hecho, fue el primero del mundo que otorgó por ley pisos de participación en el plano de la representación política de las mujeres en el sistema electoral.
Con la ley N° 24012, sancionada en 1991, el país inauguró una política de trato diferenciado para la elección de mujeres como representantes en el Congreso de la Nación. Esa norma exigió que en cada distrito electoral las listas de candidaturas debían incorporar 30% de mujeres “con posibilidad de resultar electas.”
Dos décadas y media más tarde, cuando ese porcentaje parecía ya significar un techo, la ley N° 27412, aprobada en 2017, estableció un mandato de paridad al requerir la conformación de las listas mediante la intercalación de postulantes varones y mujeres hasta completar el total, con el objetivo de promover 50% de candidatas mujeres.
Esta posición de vanguardia de nuestro país en la lucha por la igualdad entre los géneros en el plano de la representación política también ha sido acompañada por las importantes movilizaciones de los feminismos frente a las desigualdades, a veces perpetradas por el mismo Estado.
Sin embargo, la representación no siempre se traduce en poder real. Aún persisten en el ámbito federal grandes desafíos para lograr un acceso equitativo de las mujeres a las diversas esferas del poder político y económico. Así lo señala el reporte elaborado por el centro de estudios Fundar, que se basa en los resultados del análisis de siete indicadores que miden “el grado de participación de las mujeres en las esferas de poder político-económico provincial”.
El Índice de Género, Decisión y Representación es uno de los cuatro subíndices que integra el Índice Subnacional de Igualdad de Género (ISIG) y mide, por un lado, el poder de decisión (en los poderes ejecutivos -municipal y provincial-, en el Judicial y en el ámbito privado); y, por otro lado, la representación política (poderes legislativos municipal y provincial; y poder partidario).
Santiago del Estero es la provincia que se ubica al tope del ranking, con 71,8% de paridad en el indicador compuesto, mientras que el valor mínimo del ranking (el caso de la provincia de Santa Cruz) tiene un valor de 42,4%. Es decir, el rango efectivo de variación al interior del índice es de 29,3 puntos. Esto muestra que ninguna provincia está en niveles de igualdad o desigualdad de género extremos. En el caso de Córdoba, se ubica en el décimo puesto del ranking con 59,9% en el índice de paridad.
“Observamos una heterogeneidad en el nivel de participación de mujeres en las esferas del poder político, económico y judicial en las distintas provincias”, expresa el informe, y destaca que “estas diferencias no se explican ni por nivel de desarrollo económico y riqueza de las provincias, ni por el signo político en el poder ni siguen un criterio regional”.
Las jurisdicciones que obtienen mejor puntaje en el índice de igualdad de género son aquellas donde las mujeres ocupan en mayor medida posiciones en los poderes ejecutivos, Judicial y en el sector privado. Sin embargo, también se evidencia el hecho de que aunque la provincia esté gobernada por mujeres, no es garantía de paridad al interior de la Administración provincial y viceversa: aun donde el gabinete es paritario, quien gobierna es un hombre.
Según el estudio de Fundar, el Poder Ejecutivo es uno de los sectores más masculinizados. A escala provincial, los gabinetes tienen una paridad media de 40,9%, es decir, la presencia de hombres es más de dos veces mayor a la de las mujeres. “La disparidad no se da sólo en la cantidad de mujeres que integran los gabinetes sino en sus jerarquías y en los puestos que ocupan”, detalla el reporte.
En el ámbito municipal, la situación es similar: la cantidad de mujeres intendentes por provincia es por lejos el indicador con peores resultados de todo el índice y ninguna provincia alcanza la paridad.
Ninguna provincia está en niveles de igualdad o desigualdad de género extremos; las provincias más ricas no son necesariamente las más igualitarias en términos de género cuando se trata de toma de decisión y representación política; y no se observa un criterio político partidario determinante.
El sector privado no es ajeno a este escenario. “Por cada dos empresas lideradas por un varón encontramos una liderada por una mujer”, ya que el porcentaje de paridad es de 51% en este caso. Esta cifra se corresponde con la situación regional, puesto que en Latinoamérica solo 22% de las pymes está liderado por mujeres, con un porcentaje de paridad que alcanza 44%.
La ausencia femenina en espacios de toma decisión en el ámbito privado se observa además en espacios como la Unión Industrial Argentina, en la que solo tres de los 26 miembros del comité ejecutivo son mujeres; o en la Sociedad Rural Argentina, en la que una de 19 directivos es mujer.
Se cierra la brecha en representación
En virtud de la aplicación de herramientas de acción afirmativa en los ámbitos de representación legislativa, la paridad está más cerca de alcanzarse. De las 24 jurisdicciones del país, 22 cuentan con leyes de paridad que promueven la presencia de legisladoras mujeres. Córdoba fue la segunda provincia en sancionar una ley de paridad de género, a 17 años de la ley nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo cordobés se encuentra entre los gabinetes más masculinizados, por debajo del promedio nacional, según el estudio.
Poderes más feminizados
Con relación al poder de decidir, el Judicial es el más feminizado, es el que tiene la paridad promedio más alta (83%) y el sector en el que más provincias alcanzaron la igualdad (8). “Esto puede deberse a la estabilidad en las trayectorias profesionales de las mujeres que deciden hacer la carrera judicial o a las reglas institucionales de promoción”, explica Fundar. El Poder Judicial de Córdoba alcanza un promedio de 81 puntos, apenas unos puntos por debajo de la media nacional, con 45% de participación de mujeres.
Después del Judicial, el Poder Legislativo es el segundo más feminizado. Vale destacar que casi todas las provincias tienen herramientas que promueven la participación legislativa de mujeres. Las leyes de paridad provinciales extienden el mandato de paridad a la conformación de listas en concejos deliberantes -con excepción de Catamarca-. “A priori, podríamos decir que los contextos disímiles de las provincias sugieren que los estándares de exigencia pueden variar pero también es cierto que en los casos en los que se aplicaron instrumentos como el cupo o la paridad, el acceso mejoró”, señala el equipo de Fundar.
La brecha de género persiste a pesar de los avances que se han logrado aplicando instrumentos de acción afirmativa. Los indicadores de paridad son diversos y en todas las provincias alguno de ellos presenta un estado más crítico. Los procesos no son lineales y se distribuyen en las esferas ejecutivas, legislativas, judiciales y empresariales.
En este sentido, los avances en una esfera no implican necesariamente un efecto de contagio en otra, “puesto que hay realidades locales a contemplar”. Según el estudio, “tampoco parece observarse un proceso de avance horizontal y secuencial en el que la mayor cantidad de mujeres en ciertas esferas dé lugar a mayor presencia en otras”.
