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La Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados estimó que con las nuevas reformas en Argentina se generará una politización partidaria que dejará a los jueces a merced de eventuales mayorías en las urnas, afectando su imparcialidad e independencia.
Jueces de 15 países latinoamericanos denunciaron la compleja situación que están viviendo los poderes judiciales de la región. Reunidos en la 62ª Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que concluyó la semana pasada en Chile, coincidieron en “exigir a las autoridades políticas de América Latina el respeto a la independencia judicial, estableciendo mecanismos idóneos que aseguren la efectiva separación de poderes y el reconocimiento de las atribuciones que son propias del Poder Judicial”.
Las reformas judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo argentino fue uno de los temas tratados entre los referentes de la magistratura. Al respecto, estimaron que afectan el sistema democrático republicano de gobierno, el equilibrio y la división de poderes. También advirtieron que implica politizar partidariamente al órgano de gobierno judicial, situación que dejaría a los magistrados a merced de eventuales mayorías en las urnas, afectando de forma irreversible su imparcialidad e independencia.
Estándares objetivos
Asimismo, los asistentes debatieron sobre la necesidad de que las cortes supremas y órganos de Gobierno de la judicatura de los países miembros de la FLAM aseguren estándares objetivos que garanticen la plena vigencia del debido proceso en los asuntos disciplinarios que afecten a los jueces, con sujeción absoluta al principio de tipicidad, debiendo además abstenerse de utilizar estas herramientas como forma encubierta de controlar el contenido de las decisiones jurisdiccionales.
Cabe aclarar que no participaron jueces de Bolivia y Venezuela, países en que las asociaciones de jueces enfrentan serios problemas para funcionar o están impedidas de constituirse.
Finalmente, la FLAM instó a las autoridades competentes de cada país de América Latina al establecimiento de sistemas de selección, promoción y perfeccionamiento de los jueces basados únicamente en consideraciones objetivas de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, respetando la carrera judicial allí donde se encuentre ya establecida o regulada.
