ESCUCHARIncertidumbres y retos en el horizonte del sector agropecuario. Desde la inflación hasta los derechos de exportación y regímenes de información, los especialistas Mariano Echegaray Ferrer y María Vázquez analizan cómo enfrentar encrucijadas fiscales y legales del próximo año y cómo proteger el negocio del agro
En el horizonte del agro, la previsibilidad parece haber quedado atrás. Las decisiones que los productores deben tomar hoy están cargadas de incertidumbre. ¿Cómo prepararse para un escenario fiscal más exigente y para proteger sus derechos en un contexto económico desafiante?
Sobre una sumatoria de puntos conflictivos ahondará el especialista en impuestos y gestión agropecuaria, Mariano Echegaray Ferrer, y la abogada especialista en tributación María Vázquez.
Planifican juntos el curso Estrategias jurídicas y fiscales para el agro: claves para el 2025. Es organizado por Comercio y Justicia junto al Instituto de la Sociedad Rural de Jesús María (ISRJM).
“Este año fue de transición; estamos entrando en un escenario totalmente diferente al que estábamos acostumbrados”, explicó. Según él, la combinación de baja inflación proyectada y dudas sobre los derechos de exportación obligan a un cambio de estrategia. “Hoy, los márgenes están tan ajustados que necesitamos ser extremadamente eficientes desde lo productivo y lo fiscal”.
Advirtió que una de las problemáticas centrales del sector es la elevada carga impositiva. “El Estado participa en más del 60% de la venta agrícola. Es un socio mayoritario que se lleva las ganancias pero no comparte las pérdidas”, señala. Ante esta realidad, se vuelve fundamental anticiparse y ajustar las estrategias fiscales para proteger los márgenes de las empresas agropecuarias.
Entre los principales desafíos identificados, mencionó el impacto del ajuste por inflación. Explicó que, aunque esta herramienta podría considerarse un estabilizador, “dependiendo de la estructura patrimonial de la empresa te puede dar situaciones que no tengas un resultado productivo y tengas que pagar un impuesto a las ganancias altísimo, con un efecto de licuación de pasivos”.
Inflación y confiscatoriedad
María Vázquez se sumará para analizar hasta dónde puede avanzar el Estado en materia tributaria sin vulnerar los derechos de los contribuyentes.
Temas como la confiscatoriedad y las vías legales para enfrentar excesos fiscales serán centrales.
“Los contribuyentes necesitan perder el miedo a discutir en el ámbito administrativo o judicial”, agregó Echegaray Ferrer.
Mientras que en 2024 se ofrecieron herramientas como moratorias y regularización de activos que ayudaron a estabilizar la posición fiscal de muchas empresas, estas facilidades no estarán disponibles en 2025. “El próximo año jugaremos en una nueva cancha, sin la posibilidad de blanquear y con un sistema fiscal más exigente”, advierte.
Otro desafío será la falta de previsibilidad en los sistemas de información de la AFIP, especialmente en el sector agropecuario. “Hoy, todo pasa por Buenos Aires. Esto genera retrasos y una pérdida de contacto directo con los agentes fiscales, lo que puede derivar en errores u omisiones con sanciones graves”, comenta.
En este sentido, el curso ofrecerá una revisión exhaustiva de los regímenes de información aplicables al agro, desde sus requisitos hasta sus posibles sanciones. También se profundizará en el funcionamiento del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), una herramienta clave para los productores, pero que puede generar complicaciones.
“Nuestro objetivo es anticiparnos a los problemas que surgirán en los próximos meses y preparar a los participantes con herramientas prácticas”, resume Echegaray Ferrer.
El contexto agropecuario de 2025 estará marcado por márgenes ajustados, cambios en la regulación y un panorama económico incierto. “Vamos a hacer hincapié en que ya podemos proyectar el impuesto a las ganancias para todo lo que es la producción agrícola porque los resultados de la producción ya se dieron en el mes de agosto. Tenemos nueve meses por delante donde podemos proyectar el impuesto y anticipar algún efecto que podamos tener y empezar a medir”, describió.
Temas conflictivos
Los regímenes de información en el agro, las sanciones, los costos fiscales asociados, también están en agenda.
“Si nosotros entendemos que estamos en el marco de la ley y consideramos que es un exceso de la administración del Estado, ¿por qué no podemos reclamar, por qué no podemos presentar un amparo o un recurso de inconstitucionalidad? Hay que perder el miedo a la discusión administrativa o jurídica por parte del contribuyente para con el Estado. En este sentido, poner sobre la mesa temas que son conflictivos, compartir información sobre otras alternativas y caminos no solamente soportando el costo financiero en la estructura de pequeñas empresas que no lo pueden aguantar”, concluyó el especialista.
