ESCUCHAREl funcionario nacional comentó que el Gobierno está debatiendo con distintos sectores un anteproyecto que busca disminuir la denominada judicialización de la salud
Por Carolina Klepp – [email protected]
El Gobierno nacional avanza en un proyecto para que el Programa Médico Obligatorio (PMO) tenga fuerza de ley, como una manera de enfrentar la denominada judicialización de la salud. “Si logramos que se sancione una ley que contemple el PMO, que de hecho cubre prácticamente la totalidad de todas (sic) las afecciones y tratamientos que la gente necesita, y logramos que los financiadores, en este caso obras sociales y empresas de medicina pregapaga, terminen sus responsabilidad cuando cumplan eso, vamos a dar un paso muy grande”, sostuvo ayer a Comercio y Justicia el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la Nación, Luis Scervino, quien disertó ayer en el XX Congreso Argentino de Salud de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), que reunió a más de 500 profesionales de todo el país.
“Estamos trabajando con otros sectores del Gobierno y del Poder Legislativo en generar un marco jurídico complementario a las leyes de salud que hay hoy, que posibilite tener -en primera instancia- un programa médico que tenga fuerza de ley. Si bien existe desde hace muchos años el PMO, no hay una ley que lo haya sostenido. Siempre fue a través de decretos o modificaciones”, agregó.
Scervino también hizo hincapié en la necesidad de que el PMO esté sustentado en la denominada medicina basada en la evidencia “porque a veces existen prácticas que se realizan con habitualidad pero que no generan ningún beneficio para la salud de la población. Entonces, la idea es tener un PMO que realmente le sirva a toda la población y ésa es una de las formas de cuidar el recurso”.
El tema sobre el que disertó el funcionario fue la sustentabilidad del sistema de salud argentino. “Desde el título apunta a reflejar la crisis que tiene el sector salud en la Argentina, crisis que no es propia del país. En los principales países del mundo hay distintos niveles de crisis relacionados con los recursos que siempre son escasos y los servicios que hay que ofrecer a la gente. La sustentabilidad tiene que ver con la posibilidad justamente de mantener a lo largo del tiempo esos servicios con el componente de equidad y calidad que el sistema de salud requiere”, explicó.
Scervino sostuvo que la SSS apoya tanto a las obras sociales como a las prepagas para que generen una administración eficiente de los recursos. Reveló que en términos generales Argentina gasta 9% del PBI en salud en los tres subsectores: público, privado y de las obras sociales.
En este marco, afirmó que “los aumentos de los costos en salud van mucho más arriba que lo que es la inflación de la Argentina y de cualquier país. Hay un brecha que está entre 25 y 30%, con lo cual eso plantea un desafío que nos obliga a ser cada vez más eficientes”.
Para ello, la Superintendencia desarrolló un Observatorio de Precios para monitorear las características de las compras de alta complejidad.
“Estamos trabajando con el sector público y con PAMI para tratar de organizar compras centralizadas para bajar los costos de este tipo de insumos. También estamos trabajando para armar una megalicitación para compras de productos de alto costo. En una primera etapa serán medicamentos, en especial para la hemofilia, que es uno de los rubros donde más dinero se gasta”.
Judicialización
Uno de los temas de preocupación central para el sistema de salud es el de la judicialización de casos. Al respecto, afirmó que la SSS recopiló que en los últimos dos años hubo 3.000 recursos de amparos informados por la mayoría de las obras sociales y por algunas prepagas.
“Las mayoría son por prestaciones que no están dentro del PMO, pero que la Justicia obliga tanto a las obras sociales como al prepago a cubrir algo que contractualmente, supuestamente, nunca estuvo incluido. En este momento tenemos 13 a 14 amparos para una medicación para una patología muy rara y grave, cuyo tratamiento sale alrededor de 750.000 dólares por año y no está en el PMO”.
También dio el ejemplo de amparos en curso para realizar tratamientos en el exterior. “Hay una colisión entre el derecho individual versus el derecho colectivo porque si nosotros le damos a toda la población lo que cada uno quiere, probablemente el sistema no sea sustentable a muy corto plazo. Tenemos que generar un equilibrio para que los recursos puedan ser utilizados para toda la población”, dijo.
Otros de los temas que precisó es que la ley que están elaborando no solamente se relaciona con el PMO sino que “tiene que ver con consolidar un modelo de atención médica que hoy en el país no está consolidado, que es el modelo del primer nivel de atención. Hoy en la Argentina no tenemos médico de cabecera. Todos los sistemas de salud del mundo, independientemente de la ideología que tenga, toda la población tiene acceso a un médico de cabecera, como un derecho no como un castigo. La ley contempla justamente ese modelo”.
Agregó también que se está debatiendo con todos los sectores y calculó que “(el proyecto) va a entrar al Congreso una vez que pase la etapa de generar consensos para que si esto se transforma el día de mañana en una ley, todos los sectores que están involucrados tengan ya discutidos y consensuados gran parte de esto”.
El proyecto también incluye reformas impositivas para el sector. Recordó que todavía está vigente la ley de emergencia sanitaria. “Para poder derogar la emergencia sanitaria hay que tener una cobertura para que los prestadores de salud que hoy están con una deuda impositiva no vayan a la quiebra. Este proyecto de ley también contempla que el sector salud sea tenido en cuenta como un servicio básico y tenga algún beneficio desde el punto de vista impositivo como, por ejemplo, el crédito del IVA que muchas empresas tienen y no lo pueden utilizar”, concluyó.
