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Un informe elaborado por las universidades de Río Negro y San Martín, y que acaba de difundir la UNC, refleja una crisis en el poder adquisitivo de los trabajadores de universidades públicas. Este martes, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda del Senado acompañó el dictamen de actualización del Presupuesto Universitario aprobado en Diputados
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) difundieron este martes un informe actualizado sobre la situación salarial de los trabajadores de las universidades públicas en Argentina, elaborado el mes pasado.
El documento, realizado por un equipo de trabajo de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín, refleja la preocupante realidad que atraviesan tanto docentes como no docentes en un contexto inflacionario, con salarios que no logran compensar la pérdida del poder adquisitivo.
La investigación refleja que los salarios de más del 85% de los docentes están por debajo de la línea de pobreza (computando las diferentes dedicaciones docentes). A la vez, más del 60% de los no docentes se encuentran en esa situación.
Recordaron que tras la Marcha Federal Universitaria en abril en todo el país, se logró una actualización de los gastos de funcionamiento, pero persiste el atraso en los salarios.
Además, el documento expone la brecha existente entre los salarios universitarios y los de otros sectores, poniendo en evidencia la “urgente necesidad de una revisión integral de las políticas salariales para evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida de las y los trabajadores universitarios”.
“La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril 2024 fue del 114,5 %. La pérdida salarial de los trabajadores docentes y no docentes universitarios con respecto al resto de los sectores productivos (privado, estatal y no registrado) es la más amplia de todas, con una brecha del 66,5 % entre los índices de inflación y los aumentos salariales acumulados”, advierten.
El impacto de esta situación se siente en cada rincón del país, con el 92% de los docentes sin antigüedad y el 87% de aquellos con 10 años de experiencia ganando salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Este panorama coloca a los docentes universitarios argentinos como los peor remunerados en comparación con sus pares de América Latina, a pesar de que el sistema universitario argentino es el mejor rankeado en la región por su calidad académica, innovación, y contribución social.
Este martes, el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda del Senado discutió sobre los recursos para las casas de altos estudios del país, y acompañó el dictamen de actualización del Presupuesto Universitario aprobado en Diputados. La intención de la oposición es poder convertirlo en ley en la sesión de este jueves.
Reclamos
Las universidades comenzaron el año advirtiendo sobre las dificultades para mantener su funcionamiento básico. La posibilidad de un inicio de clases comprometido se hizo presente en febrero.
Luego, en marzo, las instituciones insistieron en la necesidad de dialogar con el gobierno para abordar cinco puntos críticos: funcionamiento, salarios, becas, obras, y presupuesto para ciencia y técnica.
La situación escaló con una marcha federal convocada por el Frente Sindical Universitario y respaldada por el CIN, que movilizó a un millón de personas en todo el país. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue limitada y focalizada solo en la UBA, generando indignación en el resto de las universidades.
“Aunque el gobierno se comprometió a actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades, no hubo avances en otros aspectos cruciales como la recomposición salarial y las becas. La tensión continuó acumulándose con paros nacionales en mayo y agosto”, sostuvieron las universidades.
La emergencia salarial en las universidades nacionales enciende la alarma sobre el futuro de la educación superior en Argentina.
Ciencia
En otro orden, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Diputados mantuvo un nuevo encuentro informativo con el fin de ampliar el debate para establecer un marco legislativo para el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial en Argentina.
El encuentro que presidió el diputado de Unión por la Patria Daniel Gollán recibió a una decena de especialistas en derecho e informática quienes abordaron la temática desde diferentes puntos de vista, aclarando que se debe dar lugar a la coexistencia de la IA bajo un sistema regulatorio, pero que no la prohíba como ocurre en otras regiones.
El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva cargó contra el secretario Darío Genua, a cargo del área homónima en el Gabinete nacional, quien no asistió al encuentro y no brindó una posible fecha de asistencia a futuro. “Nos quedamos con las ganas”, aseveró Gollán, quien también cuestionó, por lo mismo, a Alicia Caballero, titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
La abogada María Laura Garrigós se explayó sobre el uso de Inteligencia Artificial en el ámbito judicial y relató que “en la Ciudad se están haciendo trámites con IA, pero no dejan de ser trámites judiciales que requieren la firma de un juez”. Advirtió, también, que “estamos usando IA sin control, comprado a privados”, y mencionó un caso de la Corte Suprema de Brasil por el que sancionó a un juez que usó IA para usar jurisprudencia que no existía.
“Esto no es un problema de un país, es un problema de todos y, encima, lo estamos usando sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo”, criticó Garrigós
