ESCUCHARAnte la posibilidad de que el Gobierno Nacional dicte una nueva prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020, que frenó los aumentos de alquileres y de créditos hipotecarios y prendarios, el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado donde rechaza tal eventualidad, “toda vez que considera que una medida de ese tenor no hará más que agravar la difícil situación por la que atraviesa el sector inmobiliario, sin implicar como contrapartida beneficios sustanciales en el contexto de la emergencia por la pandemia del COVID-19″.
La entidad agregó: “Diez meses han transcurrido desde la entrada en vigencia del mencionado DNU, por lo que el Colegio considera que toda utilidad que pueda haber generado ya está agotada y que es tiempo de retomar la actividad normal en el rubro, permitiendo la libre vigencia de los contratos de locación. Asimismo, la pandemia también significó un enorme impacto para los profesionales que ejercen el corretaje público inmobiliario, quienes debieron sortear los difíciles meses del año pasado sin ser tenidas en cuenta sus opiniones y con riesgo cierto de pérdida de la fuente laboral”.
“Medida perjudicial“
Para los profesionales mencionados, la prórroga del DNU 320/2020 implicará, “lisa y llanamente, la continuidad de una medida que perjudica a un gran número de personas que fueron llamadas a aportar su granito de arena en medio de la emergencia creada por el COVID-19, pero que al mismo tiempo no recibió ni siquiera algún tipo de exención impositiva. Esto conlleva la profundización de una situación de asimetría en las cargas que deben asumir los distintos sectores y la consecuente afectación del bienestar de miles y miles de personas”.
El Colegio profesional reconoció que la situación actual afecta de modo directo tanto a inquilinos, propietarios y profesionales especializados en el corretaje público de bienes inmuebles, por lo que propone que las autoridades evalúen en conjunto las dificultades del sector como única forma de abrir una salida viable en el corto plazo para todos los involucrados. “Un primer paso fundamental para lograr tal objetivo es que el Gobierno Nacional escuche a los representantes del sector inmobiliario y tenga en cuenta sus inquietudes a la hora de adoptar medidas de alto impacto y de dilatada duración”.
