ESCUCHARUna de las tres médicas de la Maternidad Nacional que garantiza la interrupción legal del embarazo en la provincia y una de las que integran la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir coinciden en que se dio un paso adelante pero resta ver su implementación
Por Carolina Klepp – [email protected]
El Tribunal Superior de Justicia legitimó ayer la puesta en práctica de la “Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles” a las personas que lo soliciten. Ello, luego de seis años que un recurso de amparo presentado por el Portal de Belén impidió su aplicación en la provincia.
En Córdoba, las prácticas de abortos no punibles se pueden realizar únicamente en la Maternidad Nacional, que es de jurisdicción nacional y no estaba alcanzada por la cautelar.
Luego de conocerse la sentencia, Comercio y Justicia dialogó con Gladys Ponte, ginecóloga y docente de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC), una de las tres profesionales que garantizan, en una provincia de tres millones y medio de habitantes, el acceso a la interrupción legal del embarazo, reconocida en el Código Penal para los causales de violación y riesgo de vida o salud de la mujer, y avalada por la Corte Suprema de la Nación en 2012 con el fallo FAL.
“El fallo es un adelanto. Que se haya liberado la utilización de la guía es algo que estaba reclamando. Ahora hay que ver si es que efectivamente va a funcionar, hay que esperar si se presentará algún recurso. Hay que trabajar profundamente con el sistema de salud para su puesta en vigencia”, resaltó Ponte y subrayó que, en Córdoba, la Provincia “descargó” este tema en un equipo mínimo de la Maternidad, en referencia al que ella integra junto a dos colegas.
También señaló que el ministro de Salud provincial, Francisco Fortuna, “tendrá que trabajar profundamente para ver qué hacer con el otro punto que se viene, que es el de la objeción de conciencia de los profesionales”, y agregó que ese también será un punto sobre el que seguramente trabajará el Portal de Belén.
Finalmente, tras tantos años aguardando el fallo del TSJ, reflexionó: “También habrá que revisar esa guía, este año el debate sobre el aborto ha dejado mucho sobre el tema”.
Hasta la hora de cierre de esta edición, y ante consulta de este medio, el ministro de Salud de la Provincia no había realizado declaraciones sobre el fallo.
Ponce tiene pedido de jubilación por parte de la UNC, al menos hasta abril estará actuando en la salud pública. De las otras dos profesionales que conforman el equipo, una acaba de reincorporarse de licencia por maternidad y la tercera, trabaja ad honorem.
En su amplia trayectoria, la médica ha escuchado gran cantidad de testimonios de mujeres que han sufrido una violación y que producto de eso se ha generado un embarazo. “Confiamos en ellas, no creemos que ninguna mujer que haya sido sometida a una violencia sexual venga tan alegremente a contar sus cosas”, subraya.
Aun con años en la vida hospitalaria, sostiene que hay miembros de la comunidad sanitaria, colegas, “que nos miran de una manera especial”, dijo, haciendo referencia a una mirada de juicio sobre su proceder. Sin embargo, Ponce se apoya sobre las mujeres a las que atiende. “Di la vida para sacar a las mujeres de situaciones graves. Mi compromiso es con las mujeres”, concluyó.
Quebrar un mito
Por su parte, Julieta Dahbar, médica en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Unquillo e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, también coincidió con su par de la Maternidad en que el fallo del Alto Cuerpo es un paso adelante y viene a quebrar “el mito de que ese tipo de aborto era ilegal en Córdoba, cuando está vigente la ley y protocolo nacional. Hay que ver ahora cómo se implementa esta medida”.
“Para nosotros, más allá de lo judicial, el pronunciamiento del TSJ es un triunfo político”, agregó quien junto a la red que integra buscan expandir el debate dentro del sistema de salud y lograr que haya cada vez más efectores que realicen interrupciones voluntarias del embarazo.
Finalmente, bregó para que el misoprostol, la droga que se utiliza para interrumpir un embarazo, llegue a los centros de atención primaria de la salud de los distintos municipios posibilitando el acceso.
Cabe recordar, que en anteriores oportunidades, también Dahbar se expresó sobre la objeción de conciencia profesional, otro de los costados del tema, que considera un obstáculo al que se enfrentan las gestantes cuando se acercan a un servicio de salud. En oportunidad del debate de este año en el Congreso, sobre el aborto legal, había señalado: “Un objetor que no quiere hacer aborto no debería ser ginecoobstetra”. Sobre lo que observa entre sus pares a la hora de abordar el tema y la práctica, describió: “Los médicos que se oponen no es porque estén en plena oposición de la ley. La mayoría de los que no lo hacen es por desconocimiento, por falta de información del marco legal que rige la práctica, sobre el procedimiento técnico. Hemos hecho capacitaciones y se van animando”.
