ESCUCHARSostienen que el juez debe concluir el actual proceso investigativo desarrollado en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que en caso de ser procedente su acusación, se tramite el jury de enjuiciamiento respectivo.
Carolina Klepp – [email protected]
Los abogados de todo el país representados en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) piden al presidente Mauricio Macri que no acepte la renuncia al polémico juez Norberto Oyarbide.
La postura institucional fue anticipada a Comercio y Justicia por el vicepresidente de FACA y ex titular del Colegio de Abogados de Córdoba, Alejandro Tejerina.
La resolución tomada por la Federación será presentada hoy ante el Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Germán Garavano, y al Consejo de la Magistratura de la Nación. “En la semana también nos reuniremos con legisladores nacionales para exponerles nuestra postura”, dijo Tejerina.
Los letrados interpretan que la presentación de la renuncia de Oyarbide es una decisión que tomó en virtud de los procesos de investigación que se están llevando a cabo contra él.
En tal sentido, sostienen que la renuncia presentada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 “no debe aceptarse hasta tanto concluya el actual proceso investigativo llevado adelante en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, que en caso de ser procedente su acusación, se tramite el jury de enjuiciamiento respectivo”.
“Consideramos que existen numerosos antecedentes que impidieron al Consejo de la Magistratura de la Nación avanzar con juicios políticos a magistrados, a raíz de que los jueces federales y nacionales son los únicos que pueden, de manera unilateral, cubrir su accionar en la responsabilidad política ejerciendo el derecho de renuncia, causando el archivo de los expedientes”, advirtió Tejerina.
En el escrito de FACA, los colegios de abogados de todo el país señalan que en la función pública el magistrado tiene cuatro tipos de responsabilidades: civil, penal, administrativa y política; “esta última es la mayor de todas, por cuanto evalúa la ‘aptitud del juez’ para ejercer el cargo y porque las causales de juicio político pueden a su vez ser ‘fuente de responsabilidad civil y penal”.
En ese razonamiento, concluyen que “la responsabilidad política judicial es, en definitiva, la instancia última del control político institucional de nuestro sistema”.
Tejerina subrayó que la Federación pretende una mejora institucional del Poder Judicial, por ello es que buscan dar amplia difusión a la postura institucional frente al caso Oyarbide.
Juicio político
“El juicio político de un juez no se agota con la remoción del cargo y, por ende, no puede equipararse a la renuncia. La responsabilidad política produce la destitución, la privación de haberes y el impedimento para volver a ocupar cargos públicos. Además suma eficacia a eventuales acciones posteriores ante la justicia ordinaria”, destacó.
Asimismo, explicó que en el supuesto de aceptarse la renuncia, Oyarbide podría acceder al régimen jubilatorio especial de la ley 24018 (y sus modificatorias), percibiendo el 82 % móvil de su remuneración. “Por ello, urge alentar una reforma en la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación para impedir que situaciones similares puedan repetirse en el futuro”. Cabe recordar que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo el domingo pasado que si el Gobierno acepta finalmente la renuncia del juez Norberto Oyarbide, se “romperá este círculo de impunidad”, al entender que “los procesos de juicios políticos se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan”.
Garavano rechaza la postura de quienes creen que la aceptación de la renuncia de Oyarbide causaría una sensación de impunidad: “Es al revés, muchos jueces funcionales al poder de turno lo primero que hacen es negociar su impunidad a cambio de la del Gobierno para mantenerse en el cargo”.
Garavano ratificó su postura favorable a que el Poder Ejecutivo acepte la renuncia del magistrado, quien llegó a acumular más de 40 pedidos de juicio político en su contra.
En tanto, ayer Oyarbide fue denunciado por falso testimonio a raíz de su declaración como testigo en la causa que investiga por supuesto tráfico de influencias al presidente de Boca, Daniel Angelici.
La denuncia fue hecha por el fiscal de la causa, Federico Delgado, ante el juez federal Sebastián Casanello, quien deberá resolver si la deriva a otro juez penal para que sea investigada, informaron fuentes judiciales.
“El señor Oyarbide mintió”, afirmó en su denuncia Delgado al referirse a los dichos del juez, quien había asegurado que no habló con Angelici ni tuvo contactos con él, que no tiene teléfono celular y que su número fijo no figura en guía.
“El señor juez Oyarbide se comunica a través de colaboradores. No tiene celular pero todo el tiempo habla por celular. No los tiene a su nombre pero los usa. Lo sabemos todos”, dijo Delgado. Además, adjuntó a la denuncia una fotografía del magistrado mientras se comunicaba con un teléfono celular.
