ESCUCHARPor Patricia Coppola*
Uno de los aspectos en que el modelo inquisitivo del sistema penal –caracterizado, entre otros males, por la concentración del poder político y el desprecio al principio de inocencia– se muestra con más intensidad es en el lugar y el tratamiento que
tradicionalmente le ha otorgado a la víctima de delitos. El Estado, en nombre del bien común, sustituye a la “víctima de carne y hueso” por una víctima simbólica: la comunidad, quedando la “de carne y hueso” atrapada en el sistema penal.
Recién en la década de los 80 se comenzaron a orientar esfuerzos político-criminales en tratar de insertar a las víctimas de delitos en los procedimientos penales, otorgándoles mayor injerencia y mayor poder sobre la solución del caso y –aunque en menor medida– en considerar a la reparación como pena autónoma o como una tercera vía frente a las dos manifestaciones típicas de la coerción penal (pena y medida de seguridad). Pero, a pesar de estos esfuerzos, el propio sistema penal continúa cobrándose sus propias víctimas.
¿Quiénes son las víctimas del sistema penal? Por un lado, las de delitos que son, en muchas ocasiones, re-victimizadas por ser maltratadas y no consideradas o reparadas. Por el otro –y sólo para citar la consecuencia más grave–, las penas privativas de la libertad y las detenciones preventivas son actos de violencia estatal que se cobra miles y miles de víctimas todos los días, encerrando y hacinando seres humanos y sometiéndolos a tratos degradantes. Esto sucede ante el silencio cómplice de una parte de la sociedad que prefiere no mirar, de otro significativo sector que reclama más violencia estatal, y de gobernantes irresponsables que creen que pueden sacar un voto más engrosando el sistema penal.
Tanto el derecho penal como el derecho procesal penal son herramientas de la política criminal de un Estado, que consiste en un conjunto de decisiones (tomadas por personas de carne y hueso) acerca del modo en que se pretende regular la coerción penal (la que será aplicada también a personas de carne y hueso). Por cierto, estas decisiones no son axiológicamente neutras, sino que están impregnadas por las consideraciones morales de quienes toman esas decisiones acerca de qué conductas consideran delitos y qué clase de sanciones acarrearán la comisión de tales conductas (normas del código penal); y acerca del modo en que se determinará la culpabilidad de sus autores y se les aplicará y ejecutará las sanciones previstas (normas procesales penales). Y es en esta compleja trama que la víctima, por un lado, lo será del delito (creado por el código penal) y por el otro quedará
atrapada en el proceso penal.
Dependerá entonces del modelo de política criminal (de los valores que lo informan) la consideración que tengan las víctimas de delitos, dependiendo de ello que se conviertan –o no– en víctimas además del sistema penal. Y también depende del modelo de política criminal (de las decisiones en relación a la selectividad del sistema, a las penas que aplica y al modo de ejecutarlas) que el sistema penal se cobre –en mayor o menor medida– nuevas víctimas. Así, mientras las normas penales sigan criminalizando conductas como la tenencia de estupefacientes para consumo personal o se detenga a personas por entorpecer el normal funcionamiento del transporte o existan penas desproporcionadas, seguiremos sumando víctimas. Mientras las prácticas procesales sigan maltratando y aumentando dolor e insatisfacción a las víctimas de delitos, seguiremos sumando víctimas.
Mientras nuestros jueces sigan usando y abusando de la imposición de la prisión preventiva seguiremos sumando víctimas, y mientras las cárceles no sean otra cosa que un depósito de seres humanos que sólo colabora a su degradación y que los devuelve a la sociedad más violentos que como entraron, seguiremos sumando víctimas.
En definitiva, mientras como sociedad no usemos las herramientas democráticas para presionar hacia el diseño y a la práctica efectiva de una política criminal orientada hacia el respeto de las libertades y garantías de todos y cada uno, seguiremos sumando víctimas.
(*)Integrante de la Junta Directiva del INECIP.
