ESCUCHARTal vez haya pocos ejemplos de cómo un país rico se puede transformar en pobre en pocos años como en el caso de Venezuela. De aquel país pujante, que abría su fronteras a miles de personas (muchos argentinos se contaban entre ellos) que buscaban un futuro mejor a este actual, en el que el hambre, la falta de medicamentos y de posibilidades de una vida digna expulsan a cientos de miles que emigran en busca de aquello que tan generosamente brindaba el país décadas pasadas.
Lo distintivo del caso es que esta situación no fue causada por un conflicto armado -como en casi todos los países que viven una situación semejante- sino por un gobierno que privilegió sus metas ideológicas sobre el bienestar de sus ciudadanos.
La dimensión humanitaria del problema tiene aspectos más que preocupantes, no sólo para los que se ven forzados a emigrar sino también para aquellos que no pueden o no desean hacerlo. Los analistas políticos también indican los problemas que esto genera a los países de destino.
Los mismos analistas destacan la necesidad de encontrar una salida política al caso, para evitar lo que está sucediendo en estas horas: una tensión insostenible que puede desencadenar una violencia generalizada mayor a la ya existente.
Imágenes de la negativa a recibir ayuda humanitaria por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así como de los camiones que transportaban parte de ella quemándose en el puente Internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera con Colombia, generan muchas reflexiones.
Rescatamos una de ellas, desde el derecho: en esta crisis humanitaria relativizada, usada o complicada por el conflicto político subyacente, no pocos se están equivocando.
No entienden que el mundo ha cambiado y el derecho internacional también. En el siglo XXI no resulta lícito lesionar derechos humanos básicos amparándose en la soberanía estatal. Tampoco puede negarse la ayuda cuando el propio Estado no puede brindarla y se hallan en juego la alimentación, salud o derechos básicos similares en la población.
Se halla inclusive permitido, frente al supuesto de que el Estado del caso obstaculice aliviar tales padecimientos sin proporcionar una solución razonablemente equivalente, la opción de una injerencia humanitaria. Es decir, la intervención en un Estado soberano por uno o varios Estados u organizaciones internacionales mediante la fuerza armada y sin su consentimiento, con el objetivo de proporcionar a la población civil protección ante la violación masiva y sistemática de sus derechos humanos o bien ante situaciones de emergencia derivadas de una guerra civil, de hambrunas o genocidio, entre otras causas.
Claro está que no se trata de un cheque en blanco.
Tal injerencia humanitaria no puede anexar el Estado, entrometerse en otras cuestiones distintas de la crisis humanitaria ni afectar a su integridad territorial sino meramente aliviar la situación de la población civil.
Ayudar es eso: ayudar. Inclusive, haciendo uso disuasivo o efectivo de la fuerza armada. Nada menos, pero tampoco nada más. No puede ser una excusa políticamente correcta para terminar de decidir una situación política interna a favor o en contra de alguno de los bandos en pugna por parte de estados extranjeros.
Tanto la prudencia como la firmeza y la transparencia en el actuar se imponen frente al hecho de poder brindar algún alivio a los padecimientos de millones de personas.
