ESCUCHAR
Esta semana fue motivo de debate la noticia aparecida en varios medios que revelaba un hecho delictivo en Traslasierra, en el cual un hombre de 58 años hirió de un escopetazo a otro, de 34, a quien habría denunciado por una presunta usurpación de un campo de su propiedad.
Según un diario de nuestra ciudad, los Tribunales locales habrían confirmado que entre los participantes del acontecimiento existía un litigio penal, generado por la denuncia que el agresor habría formulado en contra del hermano del herido precisamente por haberle ocupado su propiedad.
A quienes transitamos (ahora de forma más virtual que presencial por la pandemia) los pasillos de Tribunales noticias así no sorprenden -más allá de que no avalamos de ningún modo reacciones de esa naturaleza-, ya que son cientos de personas que se sienten impotentes ante actos de usurpación de sus inmuebles, debido a una respuesta de la Justicia demasiado lenta.
A ello se suma una actitud en algunos sectores, que parece que en lugar de dar una respuesta al justiciable, se limitan a presentarle una serie de pedidos, diversos requisitos, que alargan hasta el infinito la presentación del caso, como si se quisiera desalentar que continúen con ella. algo que, frente a dicha conducta, pasa en no pocos casos.
Adicionalmente, quienes logran, a la postre, pasado el tiempo, obtener una respuesta de la Justicia, en muchos casos -al ser tan tardía- recuperan el inmueble pero con un costo demasiado alto. Más cuando se enfrentan a “usurpadores profesionales” que parecen conocer todas las argucias en la materia.
Por último, ciertas jurisprudencias no ayudan porque dan preeminencia a situaciones de hecho recientes o documentos de dudosa autoría de supuestos alquileres, sobre la fe pública que invisten los registros de titularidad del inmueble del caso.
Al respecto, antes de la pandemia mantuvimos una charla con un colega que se dedica a defender los derechos de quien es propietario y se lo despoja de ese bien. Nos comentaba lo dificultoso de llegar a buen puerto con estas causas. Sea por vía penal o civil los procedimientos son demasiado largos y costosos.
Nos narró al respecto el caso de unos clientes que habían ido a comer un asadito a la orilla del río en una localidad cercana a la ciudad de Córdoba, en donde tienen un par de terrenos. Al acercarse a verlos se encontraron con unos sujetos que estaban alambrándolos, con el argumento de que eran de propiedad de una persona políticamente influyente del lugar; y que se alejaran de allí o les iba a “ir mal”.
Inmediatamente hicieron lo que correspondía, la denuncia; sin embargo, no logran, desde hace casi dos años, obtener ninguna respuesta más allá de todos los planteos hechos ante la Justicia. Sus clientes hace poco volvieron al país luego de vivir unos años en el extranjero, y no pueden entender la falta de respuesta; pese a ello, no quieren otra solución que la legal para su situación.
Otro de los casos fue el de una señora mayor con mal de Alzheimer, cuyos nietos se preocuparon por acondicionar la propiedad para alquilarla y así poder solventar los gastos de su internación. En el ínterin, la vivienda había sido usurpada por una persona que a su vez la “alquiló” a otra.
A resultas de ello, pasaron más de dos años para que la recuperaran. Cuando esto ocurrió, la encontraron destruida, y lo tragicómico fue que lo hicieron luego de una especie de acuerdo hecho con la usurpadora con aval de autoridad judicial para que se fuera “en buenos términos”. La gota que colmó el vaso fue que cuando “la ocupa” debía entregar las llaves en sede judicial, no lo hizo porque “no tenía tiempo para ir a los Tribunales…”.
Estos casos no son ninguna novedad para nosotros, sólo son una muestra de lo que pasa cotidianamente. Hay personas y grupos que tienen muy en claro cómo mal funciona el sistema y aprovechándose de ello usurpan inmuebles jugando a que o no va a pasar nada o a que pasen varios años teniéndolos y usufructuándolos sin mayores complicaciones. Mientras tanto, los propietarios ven cómo el tiempo pasa, no obtienen la respuesta legal adecuada y su patrimonio, tranquilidad y confianza en el sistema judicial se van desmoronando.
Sería bueno que resolver con celeridad estos casos entre en el radar de la “oportunidad” de nuestros tribunales y fiscalías, de manera que se eviten reacciones intempestivas que en muchos casos transforman a la víctima en victimario y ayudaran a mejorar la alicaída imagen que los ciudadanos tienen de nuestro sistema judicial.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
