Una justicia más eficiente

Por Marcelo Bee Sellares (*)

¿Qué espera la sociedad del Consejo de la Magistratura y cuáles son nuestras respuestas a esos requerimientos? La sociedad busca que este órgano garantice una eficaz administración del servicio de justicia.
Para lograr eficacia en el servicio se requiere profundizar cambios -que se vienen dando-, asumir nuestras propias responsabilidades constitucionales, reconocer nuestros errores y exigir que el Poder Ejecutivo de la Nación y el Congreso cumplan en los aspectos que hacen a sus competencias y funciones constitucionales.
La eficacia está relacionada con funciones propias del Consejo. Una de ellas es la correcta administración de los recursos del Poder Judicial, que está en la cabeza de la figura de un administrador general. El presupuesto sigue siendo escaso en materia de infraestructura judicial a lo largo y ancho del país, pero por sobre todo en el interior, donde la lucha contra los flagelos de droga, lavado de activos y organizaciones delictivas altamente profesionales es cada vez mayor. Debemos avanzar en dotar a los magistrados de las herramientas e infraestructura necesaria para poder combatir este tipo de delitos de alta complejidad. El presupuesto para este año es de $20 mil millones para todo el Poder Judicial de la Nación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia que tiene el manejo y la ejecución de su propio presupuesto.
A fines del año pasado, cuando el Consejo aprobó el anteproyecto de presupuesto, se calculaba para todo 2017 la necesidad de unos $7.000 mil millones más que lo aprobado; éste fue el techo impuesto por el Congreso al sancionar la Ley de Presupuesto para este año. Ésta es una decisión política de invertir en materia de justicia que depende del Poder Ejecutivo, pero también de los diputados y senadores para modificar la ley de autarquía judicial elevando el coeficiente de los recursos coparticipables del Tesoro, destinados al Poder Judicial. En lo que hace a la jurisdicción Córdoba, nos encontramos avanzando en el proyecto técnico del polo judicial de la ciudad de San Francisco, cuyo monto de obra se encuentra afectado en el presente presupuesto.
En materia de subrogancias, el Congreso de la Nación no logró sancionar una nueva ley a pesar de la exigencia remarcada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Uriarte” de fines de 2015, que declaró inconstitucional la vieja ley número 27145 en esta materia. Desde allí en adelante fue el propio Consejo que fue cubriendo las vacantes sobre los parámetros fijados por la Corte  y avanzando en los concursos en trámite al elevar las ternas al Ejecutivo para así cubrir las vacantes con jueces designados mediante los mecanismos constitucionales. Esta problemática, fruto de muchos años de parálisis, constituye una prioridad dentro del Consejo.
Debemos recuperar la credibilidad social en la justicia y esa tarea no es sólo de los jueces. Hablo de un sistema judicial, no de personas. Este sistema está compuesto por fiscales, jueces, defensores públicos, abogados, Ministerio de Justicia y Consejo de la Magistratura. Cada uno tiene su grado de responsabilidad. Éste es el gran desafío. Para ello no sólo deben darse señales claras de que se está en ese sentido sino acciones que permitan sostener la independencia del Poder Judicial de los otros poderes del Estado, que las causas sean resueltas en un tiempo razonable, tal como lo consagra el Pacto de San José de Costa Rica al cual nuestro país se encuentra adherido.

Auditorías a los magistrados
Estamos en un momento de definiciones de políticas públicas importantes; se está buscando trazar un plan de gestión que nos permita decidir qué justicia queremos para el futuro.
En esto está involucrado institucionalmente el Consejo y, en lo que hace a sus funciones y competencias constitucionales, se sigue trabajando en lo que fue un sello distintivo de la gestión de Miguel Piedecasas: las auditorías. Presentamos y pusimos en conocimiento el informe preliminar de las auditorías por las causas de corrupción, que se encuentra en una etapa de procesamiento y sistematización para la presentación ante la sociedad de un informe final, a mediados de este año.
Este trabajo, que fue llevado a cabo por el propio cuerpo de auditores del Consejo con la colaboración de los magistrados y funcionarios de todo el país, nos permitirá tener una radiografía de cómo han trabajo los jueces, en qué tiempo han resuelto las casusas, cuántas han sido elevadas a juicio, cuántas prescribieron… En definitiva, poder sacar una abanico de conclusiones sobre el desempeño de los magistrados en lo que hace estrictamente a su trabajo, en esta temática tan sensible para la sociedad.
El Consejo aprobó durante 2016 que este tipo de auditorías sea permanente año tras año, tanto para aquellas denuncias que siguen en trámite como para las nuevas que se vayan incorporando al sistema. Esto se transforma en un nuevo paradigma institucional que hace al control permanente del trabajo de los jueces en lo referido a su función, no al contenido de sus sentencias. Dicho informe final será publicado en el portal abierto del Consejo, un nuevo espacio integral que permitirá vincular toda la sociedad con el organismo, apoyado sobre principios que hacen a la publicidad y transparencia de la gestión pública.
Paralelamente, se sigue trabajando en el plan plurianual de las auditorías de narcotráfico: ya se presentó el informe preliminar de la zona norte del país.
También es importante señalar el compromiso y la decisión de este Consejo asumida en las reformas estructurales en el área informática en los aspectos que hacen a su función y competencia, al crear el cuerpo de auditores informáticos y firmar con las Sindicatura (Sigen) y Auditoría General de la Nación y diferentes universidades públicas convenios que permitirán que estos organismos auditen externamente el sistema.
Este año nos marca un nuevo desafío: seguir avanzando todos juntos en un plan de gestión duradero en materia judicial para terminar definitivamente con políticas pendulares.
Este plan de gestión nos debe llevar a un Estado en el cual logremos recuperar la credibilidad de la sociedad en la Justicia, para lo cual es necesario que en este sistema cada uno asuma sus responsabilidades y rinda cuentas de su trabajo a la sociedad.