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Días atrás, desde la prisión de Campo de Mayo, Jorge Rafael Videla admitió por primera vez que el gobierno militar asesinó “a 7 mil u 8 mil personas” y que hizo desaparecer sus cuerpos “para no provocar protestas”.
Por Eduardo Salas – Dirigente del Partido Obrero, ex candidato a gobernador por el Frente de Izquierda
La “confesión” del genocida Jorge Rafael Videla no puede más que repugnar. Decir que a nuestros hermanos, padres, hijos, vecinos, compañeros de trabajo desparecidos les fue aplicada la “disposición final” con que en la jerga militar se califica el material inútil y desechable es una provocación inaceptable.
Según el relato del periodista (N. de R.: Ceferino Reato) que escuchó la “confesión” del asesino, ésta no surgió espontáneamente. Videla y su reportero se tomaron su tiempo para que la largara. Suena a algo preparado y buscado; lo que nos lleva a plantearnos el porqué y el para qué de ella.
¿Es que acaso el dictador está enviando una señal de que está dispuesto a abrir la boca?
Si Videla habla no será seguramente para dar la lista y los lugares donde fueron a parar 30.000 desaparecidos. Videla sí puede dar la lista de políticos, jueces, empresarios, jerarcas de la iglesia Católica que no sólo apoyaron el golpe del 76 sino que -además- fueron activos colaboradores en el exterminio y que hoy siguen ocupando un rol dirigente en nuestra sociedad. Ya en el juicio por los compañeros fusilados en el penal de barrio San Martín aparecieron nombres y acusaciones sin que el tribunal decidiera investigar.
Visto así lo de la confesión (sospechosamente saludada por medios ligados a la derecha), confluye con una pretensión de varios sectores de la clase capitalista y sus representantes políticos de la necesidad de terminar con los juicios y pasar abiertamente a reforzar el aparato represivo, que aún hoy actúa con métodos propios de la dictadura genocida, como lo revelan la desaparición de Jorge Julio López y de decenas de jóvenes por la policía de gatillo fácil -como Luciano Arruga y como parece haber sucedido en nuestra provincia con el joven Facundo Rivera Allegre-.
Acá cabría preguntarse de dónde sacó Videla las agallas para semejante provocación. Nadie podrá afirmar que encuentra un respaldo en el pueblo argentino; a 36 años del golpe, los 24 de marzo las marchas y movilizaciones son cada vez más multitudinarias, teniendo como protagonistas en su mayoría a jóvenes quienes incluso nacieron después del 80. Y no sólo los 24 de marzo: los asesinatos de Mariano Kostequi y Darío Santillán, de Carlos Fuentealba y de Mariano Ferreyra (sólo para nombrar algunos) generaron una reacción extraordinaria, masiva, que en el caso de Mariano nos permitió encarcelar (por primera vez) a los responsables intelectuales de un crimen contra un luchador social.
Videla y la derecha se montan sobre la propia política de los juicios. A casi nueve años de derogadas las leyes de obediencia debida y punto final, solo un puñado de asesinos purga una condena (y casi todos en “cárceles” de lujo). No pasan de 280 sobre 1.900 con proceso, cuando informes -incluso oficiales- llegan a la friolera de 40 mil miembros de las Fuerzas Armadas, policías provinciales y otros comprometidos con las desapariciones, las torturas y los asesinatos.
La lentitud de los juicios; la reciente aprobación de la llamada ley antiterrorista -que hizo su debut contra los pueblos que luchan contra la megaminería a cielo abierto-; la existencia de una o varias redes oficiales de espionaje a luchadores y activistas; la actuación de patotas contra la luchas obreras con la complicidad del propio Estado; la existencia de más de 5.000 activistas procesados, todo con el concurso de un gobierno que se embandera con los derechos humanos, todo esto está colocado en la línea del reforzamiento del aparato represivo. Es en esta política donde los genocidas se nutren para sus provocaciones.
Una cuestión más. Nótese que Videla en su declaración puso a salvo el imperialismo cuando dijo que la represión con métodos ilegales respondía a la necesidad de no causar el rechazo de la comunidad internacional. ¿No sabían el imperialismo yanqui, inglés, europeo qué sucedía en Argentina? Por supuesto que sí, ellos eran parte del diseño de esa política en nuestro país y en el mundo. Los golpes de Pinochet, en Chile, y el de Uruguay, anteriores al de Videla, fueron diseñados paso a paso por los estadounidenses; lo mismo sucedió en nuestro país. La reacción del presidente Carter sonó a una apretada a la Junta Militar frente a los problemas económicos y políticos que ésta enfrentaba. La “preocupación” del Departamento de Estado norteamericano por los derechos humanos en Argentina no salvó la vida de nadie ni frenó la brutal represión, por el contrario, fue en la reacción de los trabajadores argentinos y en especial de los familiares y las madres donde la dictadura encontró los principales obstáculos.
A Videla hay que contestarle con la unificación de las causas, con la aceleración de los juicios, con la anulación de la ley antiterrorista, con el desprocesamiento de los activistas, con el inmediato comienzo del juicio a Pedraza y los demás asesinos de Mariano. En fin, terminando con la impunidad de ayer y de hoy.
