Dejadas atrás las estrategias de campaña y elegido ya quien llevará adelante el gobierno de la provincia por los próximos cuatro años comienza la hora de la verdadera política, esa que deberá hacerse cargo del qué y el cómo traducir el cambio prometido en acciones concretas.
Las promesas electorales incluyeron obras de infraestructura específicas y medidas específicas en distintos temas pero el desafío de enfrentar cuestiones estructurales vinculadas con la inclusión social, el desarrollo productivo de las regiones, la transparencia, el acceso igualitario a la justicia, la seguridad, la sustentabilidad ambiental, etcétera, requerirá mucho más que las medidas y decisiones aisladas de las que se habló hasta el momento.
Las universidades y organizaciones que participaron de Agenda del Gobernador 2015 pusieron de relieve diversas cuestiones, también dejaron de manifiesto diferentes posturas presentes entre sectores respecto de los temas y de cómo abordarlos.
Más allá de las diferencias de enfoques, identificaron, sin embargo, un común denominador presente en todos los ejes temáticos: la Provincia evidencia un problema estructural que consiste en el enorme déficit de información en todas las áreas.
Para los candidatos debe haber resultado muy difícil pensar propuestas programáticas integrales en la medida que hoy es imposible tener un diagnóstico certero, por ejemplo, del estado y de la demanda de infraestructura para el desarrollo en Córdoba, de la evolución del acceso y calidad de la educación pública, de la caracterización de los problemas de inseguridad, de violencia institucional, del estado de los recursos naturales, de las capacidades y potencialidades productivas de las regiones, de la accesibilidad y calidad de los servicios de salud, del déficit vinculado con el hábitat, etcétera.
En muchos casos el motivo de esto es la ausencia de una estrategia sistemática de producción de información y de evaluación de los programas e inversiones públicos, en otros se debe a la reticencia a generar mecanismos que doten de mayor transparencia y apertura a los procesos de políticas públicas.
Situaciones que emergieron como conflictos o crisis en la provincia como el acuartelamiento policial y los saqueos en 2013, el conflicto por la radicación de Monsanto en Malvinas, los casos de corrupción y vinculación de agentes policiales con el narcotráfico o el colapso de infraestructura que demandara inversiones extraordinarias –como la Terminal de Ómnibus o el Camino al Cuadrado-, reflejaron cuestiones institucionales mucho más profundas que refieren más al “cómo hacer”, al cómo se toman las decisiones y a los procesos políticos; que al “qué hacer”.
El balance del período de gobierno de De la Sota finaliza con un número significativo de fenómenos de movilización y planteamientos por parte de la ciudadanía organizada que en algunos casos tuvieron como respuesta medidas reactivas o adaptativas por parte del gobierno -cambios de gabinete, cambios organizativos en la Policía, reformas a la Ley de Ambiente, etcétera-. Pero más allá de ello no es posible hacer un balance concreto de cuáles han sido los avances reales en las diferentes áreas de políticas públicas, simplemente porque el actual gobernador nunca puso en manifiesto su propuesta programática y esto deja a la próxima gestión sin una línea de base definida que pueda delimitar y evidenciar el punto de partida de los cambios prometidos y los resultado a alcanzar.
De la retórica al cambio efectivo
En este punto, la ciudad de Córdoba se puede distinguir porque cuenta con un instrumento innovador que permite valorar los alcances de lo hecho (una vez finalizado un mandato) y de lo hay por hacer (al iniciar un mandato). Esta herramienta es el Plan de Metas de Gobierno que obliga al intendente a presentar su programa de gobierno para cuatro años expresado en metas de resultado medibles y a hacer una evaluación anual de lo logrado.
Este innovador mecanismo posibilita, no sólo que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de lo prometido –y por tanto tener elementos concretos para valorar si hubo avances o no- sino que también promueve la incorporación de nuevos mecanismos de gestión centrados en la producción de información y la definición de indicadores evaluación de las gestiones. Este instrumento introduce requerimientos que promueven innovaciones en los “cómo” de las políticas públicas y que sería interesante replicar a escala provincial.
Ha finalizado ya la campaña. Durante este tiempo sobreabundó la retórica del cambio. A partir de diciembre necesitaremos de acciones concretas que nos permitan efectivamente visualizarlo y medir del alcance efectivo de éste.
* Decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Córdoba (UCC).
